La cuarta transformación republicana no ha atendido, ni atenderá en el futuro inmediato, a la principal actividad económica de Quintana Roo: El turismo, pero lo preocupante no es siquiera que no se fomente la llegada de más turistas al principal destino de Latinoamérica, sino que el abandono de lo ya alcanzado coloca al sector en la antesala del retroceso y con la consecuente contracción económica se afectará a todos, incluyendo la economía nacional.

La primer promesa rota fue la de asentar la Secretaría de Turismo (Sectur) en Chetumal, lo cual no ocurrirá y, en el mejor de los escenarios, habrá dos subsecretarías y el mismo número de direcciones generales, ha dicho el titular del ramo, Miguel Torruco Marqués, pero además, el funcionario –que ahora mismo viaja por China-, aclaró que, dada la naturaleza de su encargo, no residirá en la capital quintanarroense. ¿y el compromiso presidencial?

Ahora bien, en el presente año fueron cancelados los recursos asignados para el mantenimiento de los llamados Pueblos Mágicos y, el presupuesto que se asigna a la promoción, de manera extraordinaria –según se dijo- se dispusieron para los primeros estudios del llamado Tren Maya, con la promesa expresa de que, tanto la promoción como el Prodermágico regresarían para 2020; pero no sólo no ocurrirá, sino que la Sectur será además la dependencia con mayor recorte (un 47 por ciento menos), y ya los empresarios del ramo en Quintana Roo han acusado que, entre otras razones, la disminución presupuestal se debió a la inexistencia de un plan de trabajo elaborado por la dependencia a cargo de Torruco Marqués. Segunda promesa incumplida.

El tercer incumplimiento tiene que ver con la ampliación de la infraestructura, en concreto la construcción de los puentes sobre el sistema lagunar Nichupté y la recuperación de playas –cuya manifestación de impacto ambiental, por cierto, vence el próximo mes-; acciones que, si bien la administración de Enrique Peña Nieto también dejó de lado, para el presente sexenio se presentaron como impostergables en los primeros acercamientos entre los empresarios turísticos y la Sectur. Pues tampoco.

Por si lo anterior no fuera suficiente, hay un tema que tampoco se está considerando presupuestalmente hasta ahora, y es la arribazón de sargazo a los litorales quintanarroenses que, tan sólo en 2019, ha demandado la aplicación de más de 300 millones de pesos y la coordinación entre las autoridades estatales y federales se ha hecho con la Secretaría de Marina; ¿pero para 2020 el esquema será igual? ¿Por qué improvisar y no desarrollar políticas públicas ante lo que se advierte será un problema cíclico?

Esa es la realidad para la industria turística en 2020 y lo descrito se circunscribe tan sólo a Quintana Roo –de donde es oriundo el diputado federal presidente de la Comisión de Turismo, Luis Alegre Salazar-, pero no es privativa de la entidad. Falta que el presupuesto se apruebe en noviembre, esa será la prueba máxima de compromiso con el sector y, por supuesto, servirá como base para aspiraciones políticas futuras.

COMENTARIO MORBOSO

Esta semana cierra la etapa de informes de gobierno municipales, entre la intrascendencia y las revoluciones convulsas; entre la ausencia de avances tangibles y los discursos de autoalabo; e incluso, entre el incumplido compromiso de trabajar por y para la ciudadanía y, en contraparte, mantener en todas las demarcaciones una disparada ascendencia de la criminalidad, con excepciones notables en Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos.

De hecho, en esta decena de alcaldes la única que destaca con resultados más allá de lo que se refiere la administración de los dineros municipales es Laura Fernández Piña, quien destaca a nivel nacional como la presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) que agrupa a dos mil 400 de los dos mil 455 demarcaciones de todo el país; pero además, en la administración pública, ella y su equipo desarrollaron protocolos para atender emergencias internacionales como la arribazón de sargazo a entidades con litoral, por ello el plan diseñado se ha denominado “Protocolo Puerto Morelos.”

La ex diputada local y ex secretaria de Turismo, fue impulsora principal de que en Quintana Roo se tipifique la violencia política contra la mujer como delito grave, lo que servirá de base para la actual XVI Legislatura para afinar la norma vigente. Nadie, ninguno de los demás alcaldes, puede esgrimir como logros, algunos cercanos a los de la alcaldesa portomorelense, quien sin decirlo, está también entre los finalistas para el 2022, cuando la gubernatura quintanarroense estará en juego, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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