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Semana de tensión para AMLO: Dudas con el plan de reinicio, Ley Bonilla rechazada y economía en picada

La semana no ha sido fácil para Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los retos a los que debe enfrentarse en las próximas semanas empequeñecen la difícil coyuntura.

La semana se ha mostrado bastante agitada para el presidente. Desde lo ocurrido con el gobernador Jaime Bonilla, hasta la dura situación económica que atraviesa el país, en un escenario en el que el que ya prepara su desescalada y el plan para volver a la normalidad, el país, así como sus gestores, han atravesado una semana cargada de retos a los que debe enfrentarse la economía en un momento crucial para México, sus ciudadanos, así como su propia economía.

En este sentido, tampoco debemos olvidarnos todo lo ocurrido semanas atrás. Pues, pese a que podamos ver esta situación con la preocupación de tener que abordar diversos retos en un mal momento, debemos recordar la situación que precedía a la actual, con unas materias primas que lastraban los ingresos de PEMEX, una de las mayores apuestas del presidente, así como un comportamiento del comercio que, pese al TLCAN, se mostraba paralizado ante el duro shock de oferta que mantiene confinada a la economía.

Estamos hablando de una situación bastante complicada para el país, pues la difícil situación que atraviesa el país le sitúa en escenarios poco favorables para reanudar un crecimiento que, ya al cierre del ejercicio pasado, se mostraba estancado. Una difícil situación para un presidente que, ante lo ocurrido, se encuentra sometido a una prueba de evaluación constante, tras una serie de errores en la gestión que han puesto en entredicho su valía al frente de un país que, máxime en momentos como el actual, precisa buenos gestores, así como transparentes, para abordar la situación.

Una situación que, valga la redundancia, podría significar el punto de inflexión. Que enfrenta su reputación pública en estas semanas, ante los retos a los que debe enfrentarse la economía, así como los que debe enfrentar el presidente para tomar el control de una situación que requiere una gestión intachable, pues no solo estamos hablando de una economía que está en juego, sino de vidas humanas que exigen una gestión transparente, así como correcta.

Un plan para reiniciar la economía

Con la llegada de la pandemia al país mexicano, AMLO pese a sus intenciones de negar la evidencia, tuvo que aplicar una serie de medidas entre las que se encontraba, al igual que ha ocurrido en otros países, las medidas de distanciamiento social y confinamiento absoluto. En este sentido, y con el fin de evitar el contagio de un virus que, entre sus características, presentaba una muy elevada tasa de contagio, el gobierno ordenó el confinamiento, permitiendo que los contagios se contuviesen, al menos durante el tiempo previsto para preparar el país, así como a los gestores, para la situación que se acontecía.

En este sentido, con la disipación del virus en muchas partes del mundo, así como una economía bastante deteriorada, el Presidente AMLO ha puesto en marcha su plan para reanudar la actividad económica en el país. Un plan que integrará una serie de fases que, como en otros lugares del mundo, irán controlando la apertura de los distintos estados que integra el país, así como las actividades que se permitirán en los distintos territorios, siempre en función de la fase en la que estos se encuentren y si las métricas confirman la posibilidad.

En este sentido, hablamos de tres fases que ya ha hecho públicas el Gobierno de México y que, para hacerlo sencillo, han tratado de extrapolar, haciendo un símil, de lo que serían los colores de un semáforo. En este sentido, permitiendo, en función del color que presente el territorio en cuestión, una serie de actividades que van ligadas a dicho color, así como a la métrica exigida para presentar dicho nivel de apertura. Estableciendo así un plan que, sobre el papel, no es extremadamente complicado, pero que, en la práctica, y como ocurre en muchos países, sigue dejando muchas incógnitas por despejar para la ciudadanía mexicana.

Y es que el país aún no ha dejado de mostrar casos de nuevos ciudadanos infectados en el país, pero que, ante la situación que atraviesa la economía, ha provocado que el propio presidente de México siga insistiendo en la necesidad de reanudar una economía que, de no abrirla, tal y como veremos a continuación, se podría enfrentar a una de las mayores recesiones de su historia. Así, estableciendo un escenario que iría en contra de todas las promesas emitidas, el cual, ante promesas incumplidas al cierre del ejercicio económico pasado -cuando prometía crecimientos del 2% en la economía mexicana-, podría acabar con su credibilidad pública.

Con este plan desarrollado, la economía mexicana comenzará la reapertura a partir del próximo 18 de mayo, comenzando por aquellas regiones que no presentan casos de infectados, finalizando con este plan el día 1 de junio. Para entonces, dando lugar a la implantación del sistema que ha establecido el gobierno y que ha denominado como “sistema semáforo”. Un sistema basado en, como decíamos anteriormente, una apertura gradual, dividiendo los territorios en función de la situación que estos presenten.

Una reapertura con la que México debe llevar mucho cuidado, mostrando una cautela pasmosa. La salud prima sobre el resto de elementos y la reapertura gradual y controlada es necesaria; máxime en un escenario en el que el sistema sanitario nacional no goza de tanta capacidad como otros países sometidos por el brote. Ahora bien, la presión que ejerce una economía que se encuentra plenamente estancada podría impulsar el que se cometan errores por parte de una ejecutiva que, como ha ocurrido en otros gobiernos, podría acabar siendo contraproducente, tanto para el país y sus ciudadanos, como para la propia economía.

La presión de una economía en picada

Una de las grandes preocupaciones para el presidente era la propia economía en el país. Mientras el año pasado, pese a los pronósticos emitidos por el gobierno, la economía mexicana cerraba con un crecimiento del 0,2%, para este año, tal y como se esperaba que, ante la renegociación y el acuerdo de libre comercio con américa del norte, así como otra serie de apuestas que el presidente había puesto en marcha, la economía saliese del atolladero que le acercaba cada vez más a la recesión técnica.

Sin embargo, en un escenario en el que la economía se preparaba para crecer, el Coronavirus se interpuso en el camino, lastrando todas aquellas actividades que pretendían impulsar la economía, así como registrar grandes crecimientos que sacasen a México de la situación en la que se encontraba. Y es que, con una economía plenamente dependiente de las exportaciones y las materias primas, el confinamiento ha supuesto un lastre difícilmente reparable para la economía.

En este sentido, la drástica caída de los precios del petróleo, ante el insuficiente recorte que hizo el presidente de México en línea con la OPEP, así como, por otro lado, la absoluta paralización de la actividad comercial en un escenario en el que el confinamiento había supuesto el bloqueo de las cadenas de suministro, así como del tráfico de mercancías entre los distintos países que integran la economía global, han lastrado la economía de tal forma que, pese a una contracción del 2,4% durante el primer trimestre, como indicó el FMI, dicha contracción podría alcanzar el 6,6% en el dato interanual; superando así el pronóstico promedio de la contracción prevista para el conjunto de economías de América Latina, la cual se cuantifica en el 5,5%.

En esta línea, tal y como ha confirmado el INEGI, la economía mexicana se enfrenta a una contracción que podría situar al país en niveles de 2009, cuando la Gran Recesión sacudía a la economía mundial. Así, las propuestas poco coordinadas del equipo de AMLO, en un escenario en el que la transparencia se ha puesto en entredicho por una gran parte de la ciudadanía mexicana, han suscitado la crítica de los economistas. Y es que, la escasa capacidad que tiene la economía mexicana para adoptar programas de estímulo requiere de una mayor implicación de los gestores públicos en hallar una respuesta, hasta ahora solo propuesta por la ciudadanía.

Así, con todo, México debe adoptar reformas y medidas que traten de paliar la situación. La economía se encuentra muy débil y es preciso el estímulo para contener la situación. Un estímulo que podría llegar por la vía de la deuda, aprovechando el margen del que goza el país por esta vía, pero que debería hacerse de forma coordinada con los agentes socioeconómicos y con planes de contingencia para volver a la normalidad tras la pandemia. Pues, como sabemos, y para muestra de ello está la economía argentina, la deuda se paga y quien la paga son los ciudadanos vía impuestos.

Por último, a lo que debemos añadir, valga la redundancia, la necesidad de una política transparente para ir controlando en todo momento los escenarios posibles, así como los contrafácticos. Ahora bien, la autocomplacencia y el conformismo del “podría ser peor”, visto en gestores como López Gatell, es de los mayores errores que México podría cometer.

Rechazo de La ley Bonilla

Lo realmente destacable de esta cuestión, más allá de la mera inconstitucionalidad de la Ley Bonilla, es lo que se oculta tras ella. No es un mero despiste de Jaime Bonilla por desconocer la Constitución, sino que lo que el gobernador Bonilla proponía era un fraude a la Ley Suprema y un evidente y verdadero atentado contra los principios democráticos. Estas mismas palabras fueron las usadas por los magistrados del máximo Tribunal de México y es importante remarcar que tales afirmaciones evidencian la verdadera magnitud del asunto.

A todos los que crean -como yo- en un Estado mínimo, donde el poder de los gobernantes no sea ilimitado, sino que esté coartado la vigencia de un derecho al que se debe amoldar, y en una verdadera separación de poderes (principios básicos de una democracia liberal) nos preocupa, y en demasía, esta noticia. En este sentido, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no se limitó al asegurar que la Ley Bonilla “es una maquinación donde se pretendió violar la voluntad popular”.

Lo cierto es que esta misma preocupación, hoy palpable en México, de que los derechos de las personas se retrotraigan en favor de un aumento del estatismo y, consecuentemente, del poder de nuestros gobernantes, es realmente extensible a otros países del mundo. Vemos un afán constante de nuestros políticos de alcanzar cada vez más y más poder para así conseguir, en síntesis, un mayor control de los individuos -y de las críticas- y su tan ansiada perpetuidad en el poder.

En algunos países, como Venezuela, los pesos y contrapesos están fallando drásticamente y están abocando al territorio a convertirse lo que en jerga politológica conocemos como “Estado fallido”. A saber, un estado que no puede garantizar la correcta seguridad de sus conciudadanos, la entrega de bienes públicos y en donde sus gobiernos pierdan la legitimidad (verbigracia, por su insostenible corrupción) e intentan mantenerse, rehuyendo de la legalidad vigente, en el poder.

Una rejuvenecida corriente estatista, promovida por, como nos diría Hayek, la arrogancia fatal de gobernantes de la talla de Jaime Bonilla, que trata de coartar la libertad individual, usando el monopolio legítimo de la violencia del Estado, y de surfear el Derecho (del que debiera emanar todas las leyes) para perpetuarse en el poder. Es verdaderamente increíble que un gobernante -me refiero al gobernador Bonilla- intente llevar a cabo, sin acongojarse, un verdadero fraude a la Constitución, que lejos de ser una banal retórica de los juristas, representa un verdadero ilícito Constitucional por el que se intenta hacer pasar una norma ilegal por legal, a saber, como compatible con la Ley Fundamental. La aprobación de la “Ley Bonilla”, sin duda judicial alguna, traería consigo un verdadero efecto corruptor de rango constitucional, tal y como lo apuntó el presidente de la SCJN. En este sentido, cabe poner de manifiesto y recordar, que el Congreso de Baja California trató de alterar, haciendo uso de su potestad legislativa, los resultados de un proceso electoral ya concluido al tratar de decretar por ley la extensión del mandato de un gobernador (concretamente, de dos a cinco años).

No nos olvidemos que, a pesar de la creencia generalizada, los contemporáneos estados, construidos sobre leyes y no en base al derecho, no protegen, en absoluto, nuestras libertades personales. La causa, decía Hayek, procede de que ya no logramos distinguir entre derecho y ley. La idea de libertad auspiciada por el derecho, concebida hace más de 2,500 años por los griegos, hacía entender que este no se creaba, sino que se encontraba.

Las corporaciones legislativas grecorromanas se encargaban de limitar la actuación del Estado y de regir la administración de los medios confiados a él. El derecho, en aquel entonces, aun restringiendo la libertad del individuo y guiándolo en sus actuaciones, no surgía de la decisión de unos pocos hombres que se respaldaban en la mayoría, sino de una sala de juristas que creían encontrar al derecho, y no crearlo. En este sentido, los históricos gobernantes, al tener presente esta idea de libertad, entendían a la perfección que el individuo debía estar sujeto a la ley y no a la voluntad de un dirigente. Comprendían que “ley” no era todo aquello que una corporación legislativa -o una sola persona- había decidido, sino las normas generales de justicia originadas con el paso del tiempo y gracias al trabajo de los jurisconsultos.

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Fuente
Forbes
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