Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido.» Sándor Márai 

El Consejo Ciudadano de Chetumal ha solicitado formalmente al Congreso de Quintana Roo que restituya la exigencia constitucional de 10 años de residencia para ocupar cargos públicos de primer nivel; pero es apenas una de las demandas de esta región estatal que, aunque menos poblada, tiene una mayor participación política en procesos electorales.  Es acaso la zona que dio el triunfo a la actual administración estatal, pero así mismo ha comenzado a exigirle el cumplimiento de atención que fue promesa de campaña, hace poco más de cuatro años.

La XIII legislatura, en los tiempos de Roberto Borge, eliminó el requisito de residencia para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, la XIV redujo el tiempo de residencia para integrarse al gabinete a 5 años y, la XV, desapareció también la exigencia para cargos como la Fiscalía General. Los resultados han sido más que lamentables, a los gabinetes de las dos últimas administraciones se han integrado personajes traídos de cualquier lugar y, en materia de seguridad, Carlos Bibiano Villa y Alberto Capella Ibarra son los ejemplos más claros de lo que no debe hacerse, sumado al desempeño del fiscal general, Óscar Montes de Oca Rosales. Por ello el sur ha demandado: ¡No más!

Y es que, a esta región del estado como a ninguna otra, se le prometió que el gabinete estaría integrado por lo mejor del talento quintanarroense, que se impulsaría el desarrollo del lugar, en estricta reciprocidad por haber brindado la confianza en las urnas. Nunca más los excesos del pasado, se dijo, y el quintanarroense del sur, tan acostumbrado a vivir en gran parte de la burocracia estatal, con añoranzas de tiempos mejores –cuando fue zona libre- y con una economía permanentemente deprimida, de nuevo creyó. De nuevo confió en que las cosas serían diferentes de manera tangible. Más de cuatro años después, se prepara para creer o castigar en 2021 y 2022.

Eusebio Azueta Villanueva y los integrantes del organismo capitalino, entregaron en Oficialía de Partes del Legislativo y en los cubículos de 24 de 25 diputados –en la del presidente de la Jugocopo, Gustavo Miranda García, no la recibieron-, la iniciativa en la que se plasma la solicitud de reforma constitucional, pero además por la mañana, en entrevista con el escribiente, el empresario capitalino hizo un llamado para que, antes aun de que el Congreso del Estado analice el documento, el gobierno estatal considere a los profesionistas locales para cargos pendientes de designar, como la Secretaría de Seguridad Pública.

El sur ha despertado, se organiza y demanda. En una coyuntura pre electoral, pareciera que es el camino correcto mediante el cual los ciudadanos enfoquen sus esfuerzos de transformación social. Hay quien elige la estridencia o revuelta, aunque justo es reconocer que no hay mejor sanción o reconocimiento que el voto en la urna. Ante esto, cabe decir que los legisladores y el Poder Ejecutivo pueden o no escuchar las demandas, dar cauce a las solicitudes o declararlas improcedentes. Al final, el “rastro” del desempeño público puede medirse a partir de lo tangible. A cuatro años del actual gobierno, hay zonas que aún exigen resultados, como demandan a los legisladores acciones efectivas, en el entendido de que muchos de ellos irán de nuevo a campaña en breve.

Lo hecho por los ciudadanos del sur destaca porque es el “primer corte de caja”, demandan y esperan respuesta. A partir de ahora, sectores y regiones tienen los elementos para expresar su conformidad o no con lo alcanzado en la presente administración estatal, a menos de dos años de que concluya; pero también un recordatorio a todos los actores y partidos políticos de los tres Poderes de que las campañas cuyas promesas no tienen referente en la realidad, no suelen ya brindar triunfos electorales; o como solía decirse en democracias emergentes: “puede vivirse bajo el yugo de los gobiernos permanentemente, pero hay libertad al momento de depositar el voto.”

COMENTARIO MORBOSO 

REGULACIÓN A OUTSOURCING, UN EJEMPLO BUENO Y UNO MALO… 

Si como ha dicho el presidente, a partir de ahora estará prohibida la subcontratación laboral, fundamentalmente la que posibilita la evasión fiscal en el país, finalmente se hará justicia a decenas de miles de trabajadores de sectores como el turismo, que tienen una fuente de ingresos, pero sin la seguridad social que debiera acompañarla, ante lo cual las personas aseguran su supervivencia, pero no cuentan con recursos, por ejemplo, para tener una vivienda.

El sector turístico, específicamente el hotelero, ha rechazado la medida, destacando que será de profundo impacto en sus finanzas, y vaya que sí, pues cálculos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) estiman que 21 mil millones de pesos dejan de pagarse anualmente, entre gravámenes que debieran enterarse y gastos de seguridad social. Luego entonces, no es que se les agreguen impuestos, es que en realidad no pagan los que debieran.

Si realmente se evita, ese será el ejemplo bueno. El malo se aprobó el 21 de diciembre de 2016, apenas llegado “el cambio” a la entidad. Fue el Decreto número 40 y Lo instrumentó la XV Legislatura local y terminó siendo una simulación que únicamente generó mayores ingresos para el Estado, pero dejó en la misma indefensión a miles de trabajadores. Únicamente se exigió desde entonces la retención del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) a las personas físicas, morales o unidades económicas que contraten la prestación la prestación de servicios de personal con un tercero, intermediario laboral. Entró en vigor en enero del 2017, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Por si no se ha comprendido, se dejó sin seguridad social a los trabajadores, pero las empresas outsourcing sí pagan el Impuesto Sobre Nómina. Más dinero, más impuestos, misma indefensión. Gobiernos absolutamente extractivos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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