Julián Puente

Regulación de Redes Sociales es sinónimo de incomodidad política

Continúan las ocurrencias dentro de los diversos poderes del Estado mexicano como si no hubiera cosas más importantes que atender en materia legislativa. Hace unos días el Senador de la República representante de la 4T, Ricardo Monreal anunció la presentación de una iniciativa para regular las redes sociales en México, es decir, coartar de cierta manera la Libertad de Expresión de todos los mexicanos. Según y a groso modo la explicación del  senador es la de “proteger la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales tanto en su faceta individual, como colectiva. Asimismo, evitar la censura masiva y discrecional de los particulares propietarios de las redes sociales”. En un video que circula precisamente en redes sociales el Senador Monreal dice que las redes sociales se han convertido en “poderosos emporios económicos, pero también en poderosos instrumentos de comunicación”, por lo que el Estado no puede mantenerse indiferente y debe regularlos en la Constitución y en la ley.

Lo cierto es que dicha iniciativa atenta directamente contra la libertad de expresión de millones de mexicanos y sobre todo a quienes a través de esta poderosa herramienta han encontrado la manera de ganarse la vida vendiendo productos en línea al haberse quedado sin empleo a raíz de la pandemia.  Existen muchos ejemplos en las redes sociales para poder analizar su regulación, por ejemplo el regular las fotografías, esas están bajo el gusto del público usuario, si usted tiene agregadas personas que ven un desnudo artístico clásico y lo reportan, no es la red social, es el gremio al que pertenece o al que usted ha dado aceptar sin conocer al otro. Vayamos al grano y no nos hagamos patos, quiere usted privacidad, no publique lo que los demás no quieran, quiere mantener a su familia a salvo, no los exponga con fotografías, la red social le da la libertad de no escribir ni siquiera su nombre verdadero, ni su retrato, no es necesario colocar su lugar de origen, ni su número telefónico.

Da igual que hablemos de un insulto, de una difamación, de un acoso o de la publicación de algo que no debería publicarse: es exactamente lo mismo que se haga en la red o fuera de ella, disponemos de leyes que aplican a esos casos, y debemos hacerlas cumplir en todos los ámbitos. La libertad de opinión y de expresión está abundantemente regulada en la sociedad. ¿Por qué debemos plantear leyes diferentes para las redes sociales o internet? ¿Cuál es el problema de aplicar la legislación que ya existe? Si una persona que no difamaría a alguien en un medio de comunicación tradicional, y que sabe que si lo hiciese se vería ante un juez, cree que por hacerlo en una red social y con un seudónimo debe ser de alguna manera diferente, debería entender con que no es así, con que el resultado es exactamente el mismo siempre y cuando se aplicara la ley existente como se debe. Pedir a los gobiernos e instituciones que sean más activos promulgando regulación específica para internet o las redes sociales es abrir la puerta al desastre. Primero, porque muchos gobiernos son especialmente propensos a regular en exprés, a dejarse llevar por la presión popular, a intentar controlar más de lo que deben o a regular desde la ignorancia.

El análisis sobre la regulación de las redes sociales es complejo, con implicaciones directas en derechos como la libertad de expresión y la privacidad. Muchas veces este tipo de ocurrencias como el de regular las redes sociales no es producto de la  ignorancia de nuestras autoridades o su ánimo para proteger a las personas, sino que responde a la incomodidad que sienten cuando las personas critican su actuar como personajes públicos: en pocas palabras quieren gozar de las innumerables ventajas de dicha condición y ninguno de los inconvenientes. En este contexto, las regulaciones a las redes sociales deben ser siempre analizadas con la lupa de la libertad de expresión. Pero también no podemos desconocer que las redes sociales son también campo para la diseminación de discursos de odio, que intentan amedrentar públicamente a personas y grupos sociales con menos poder; así, no es difícil encontrar agrupaciones organizadas con discursos xenófobos, misóginos u homofóbicos, entre otros. Pero lo cierto es que regular estas situaciones sin afectar la libertad de expresión es sumamente difícil; asimismo, y en contrapeso, cuesta creer la poca atención de las autoridades a reforzar programas de alfabetización digital que enseñen a los usuarios de redes sociales a leer de forma los contenidos que ahí encuentran. Sorprende la inocencia con la que todos ayudamos a difundir información falsa o errónea.

El escenario de un montón de gobernantes corriendo a regular las redes sociales cada uno en función de sus preocupaciones y de la presión social de sus ciudadanos es un situación difícil de imaginar, algo que no puede traer nada bueno, y que deberíamos tratar de evitar de todas las maneras posibles. Si los políticos, funcionarios y demás servidores públicos no quieren que la ciudadanía les exija a través de las redes sociales pues necesitan empezar a realizar las cosas bien y no a tratar de limitar a la población cada día mas en la única herramienta gratuita y directa que tienen para expresarse.

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