Bienaventurado el que tiene talento y dinero,  porque empleará bien este último.» Menandro de Atenas 

Los puentes sobre la Laguna Nichupté que pretenden construirse con la primera Asociación Público Privada (APP) en Quintana Roo, representan el alivio a la movilidad vehicular que se ha agudizado durante las últimas dos décadas, sólo que los costos y tiempo de la recuperación de la inversión nos hacen recordar el dicho popular de que “saldrá más caro el caldo, que las albóndigas.”

El proyecto registrado en la página de Proyectos México, establece que la inversión necesaria para la obra es de cuatro mil 455 millones de pesos; aunque el gobierno estatal ha solicitado a la XVI Legislatura la autorización para endeudarse hasta por 10 mil millones de pesos, aun cuando reconoce que el costo de la obra es por 5 mil 611 millones, 36 mil 499 pesos, sin explicar la diferencia en el monto (cabe decir que el costo se estimó con una cotización del dólar de veinte pesos por unidad) por casi 557 millones de pesos con respecto al monto original, o de más de 4 mil 300 millones con respecto al monto total solicitado. Demasiado oneroso pues.

La diferencia con la operación de Aguakán en la zona norte del estado, según Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos, es que los cancunenses y turistas que no quieran pagar por acceder a la zona hotelera, es que podrán hacerlo por el bulevar Kukulkán, pero además señala en un comunicado que, el Estado, creará un organismo operador estatal para recaudar los recursos de peaje, es decir, no se entregará a la empresa que invierta; aun así, los costos, la manera en que se ha presentado el proyecto, la única empresa participante hasta ahora y los tiempos de concesión, hacen que el daño resulte mayor que el beneficio.

Esto porque se afectará el 4 por ciento de participaciones federales, se pagarán 344 millones de pesos mensuales por 28 años a la empresa que invierta (lo que resulta en más de veinte mil millones de pesos, casi diez veces de lo invertido, si se considera que el gobierno federal aportará la mitad del costo total), la empresa que presentó el proyecto fue Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V. filial de Grupo Ingenieros Civiles y Asociados (Grupo ICA), la constructora “favorita” de los gobiernos, y aunque el gobierno haría un proceso de licitación, puede desde ahora asegurarse que este será el consorcio ganador.

Más aún, la empresa pidió una concesión de 30 años (contando los 22 meses que se llevaría la construcción), pero invirtiendo el total de recursos, pero si invierte sólo la mitad ¿por qué el tiempo de concesión no se reduce también en esa proporción, sino se afectan los costos del peaje, dado que el resto de los recursos son federales? ¿será que particularmente los diputados de la zona norte, los que pretenden diputaciones federales por esta región y los que sueñan con la alcaldía de Benito Juárez, no tienen nada que decir? ¿la alcaldesa Mara Lezama Espinosa?

El beneficio de la obra es significativo, pero no debe perderse perspectiva con respecto al enorme costo del proyecto presentado, pues la actual administración estatal únicamente inaugurará la obra y diseñará el discurso de haber aliviado el problema de movilidad, pero a los siguientes cuatro gobernadores les tocará pagar un oneroso  contrato que pudiera ser por la mitad del tiempo y con menores costos. Ojalá que haya nuevos oferentes, reales y no simulados, pero sobre todo que los diputados hagan el trabajo que les corresponde, porque la sospecha está sobre ellos, sobre todo en tiempos convulsos en lo que pretenderán evadir responsabilidades, arropados en un discurso de compromiso social.

COMENTARIO MORBOSO 

A la creación de nuevos impuestos y concesiones como los puentes sobre la Laguna Nichupté, se suma la solicitud, bastante poco publicitada, presentada este martes por parte del gobierno estatal a la XVI Legislatura para contratar un nuevo adeudo de 820 millones de pesos, para la realización de 102 obras de infraestructura física diversa, que incluyen la construcción de módulos comunitarios, bacheos, reconstrucción de caminos y parques, 140 millones para obras de mantenimiento del bulevar bahía en Chetumal y toda una serie de trabajos que representarán el cierre de la administración de Carlos Joaquín González.

Mal sabor, porque así como se enumeran las 102 obras a realizarse con el empréstito –el octavo en lo que va del año, aunque sea el primero de largo plazo-, pudo haberse incluido alguna “etiqueta” para obras a realizarse con los recursos que ingresen por impuestos y derechos que pretenden crearse para 2021 y, además, etiquetar también los excedentes que se generarían con el peaje de los puentes que pudieran construirse, pero no, la discrecionalidad en la aplicación de los recursos, además de los lesivo que resulta al bolsillo ciudadano, es lo que ha hecho “arisca a la mula”, por ello es que el escrutinio público y de medios está sobre cualquier paso que dan los legisladores locales, que apunte a traicionar su representación ciudadana.

Y bueno, no cabe duda que, en la recta final de la administración, se dejaron ir “con tokio”, en lo fiscal y obtención de recursos vía deuda, pues en los 21 meses que quedan de este gobierno, habrá muchas inauguraciones, con costo a los que vienen, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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