Una de las problemáticas principales que fue detectada en las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la impunidad, señalaron activistas defensoras.

Durante la presentación del informe Actualidad de los derechos civiles y políticos en México, Sofía de Robina Castro, integrante del Centro Prodh, expuso que el Comité de la ONU retomó casos específicos como Ayotzinapa, Tlatlaya y la vigilancia con Pegasus como ejemplos para demostrar que las investigaciones siguen siendo deficientes en temas de desaparición forzada y tortura.

Aunque el informe menciona aspectos favorables como avances en algunas legislaciones de protección de derechos humanos o el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, también hace énfasis en las áreas de oportunidad y en que las leyes sean aplicadas de manera efectiva.

“Sobre la impunidad, se presentó información de deficiencias en las investigaciones. Es importante avanzar en la investigación pronta de todos los crímenes de violaciones de derechos. (…); reforzar la capacidad de investigacion e independencia judicial de todos los actores, capacitación de todos los personajes y que haya peritajes independientes y autónomos; fortalecer el sistema acusatorio”, expresó De Robina.

En el informe se señala la preocupación de que la tortura sea utilizada como forma de investigar para obtener confesiones en procesos penales, así como los casos de mujeres que son víctimas de tortura sexual.

Además la importancia de reunir datos precisos sobre casos de tortura y sentencias para tener información adecuada y conocer cómo se están investigando las graves violaciones a derechos humanos.

El Comité retoma otros temas como los hechos cometidos durante la llamada “guerra sucia”; por ejemplo el caso de Rosendo Radilla, que lleva 45 años desaparecido y se cumplirán 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Corina Muskus Toro, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que existe preocupación de que sólo hay una condena de desaparición forzada por la guerra sucia.

Por su parte Verónica Garzón Bonetti, integrante de AsiLEGAL, expuso que entre las recomendaciones están que el Estado debe privilegiar las medidas no privativas de libertad para mejorar la condición de vida de las personas.

México debe dar datos actualizados de cómo impactó en los niveles de hacinamiento de los centros penitenciarios la entrada en vigor de la prisión preventiva oficiosa, anotó.

Sostuvo que uno de los impactos o violación más grave es el nivel de hacinamiento en las cárceles, que impactan en la calidad de vida de las personas, sobre todo de las mujeres que no reciben atención prioritaria ni específica de sus necesidades.

Expuso que ven con preocupación que existen reiteradas recomendaciones acerca de las malas condiciones en los centros penitenciarios, lo cual refleja la ausencia de un mecanismo efectivo de seguimiento para la implementación adecuada de las mismas.

“Es importante hablar de condiciones dignas de internamiento, hablar de derecho a salud, educación y trabajo con las mismas medidas de la población general. Es hablar de igualdad y no discriminación, de derecho a no ser víctima de tortura y malos tratos. Del derecho humano a la reinserción social, una de las cosas más invisibilizadas ahora”, expresó De Robina Castro.

Por último, Muskus Toro indicó que se emitieron recomendaciones sobre el Derecho a la vida y la seguridad personal; el Comité pidió a México que, dentro del plazo de dos años, presente avances al respecto, porque el próximo diálogo constructivo con el Estado será en 2027.

Comentarios