Julián Santiesteban

Mando único, los resultados obligados

A TIRO DE PIEDRA

Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad.» Benjamin Franklin

La semana anterior fue instituido el mando único policial en Quintana Roo, medida que, según se informó, contó con el respaldo del gobierno federal y cuya estrategia y acciones específicas estarán avaladas por un grupo de expertos en seguridad, entre los que se encuentran elementos de las corporaciones de seguridad nacionales; así que, de acuerdo a lo comprometido públicamente por el titular de Seguridad en Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, a finales de 2019 la mejoría deberá ser tangible.

El escribiente reitera, tangible, no interpretativa, porque, aunque las estadísticas del Secretariado  del Sistema Nacional de Seguridad Publica son un referente obligado y necesario para conocer los avances, o retrocesos en la materia, el mando instituido es para lograr que la ciudadanía camine tranquila por las calles, que los empresarios tengan certeza en su actividad, que las familias tengan la tranquilidad de que su patrimonio no les será arrebatado; no para mejorar la interpretación de las estadísticas, no para mostrar en papel lo que no se sostiene entre la gente; no, en suma, para mantener una disociación discursiva, asegurando que se mejora cuando la percepción sea la misma.

En este proceso y a partir de eventos que no necesariamente están ligados a la determinación administrativa, seguramente, estarán presentes –como ya lo están- las acusaciones mutuas y descalificaciones, no sólo por la criminalidad en general y entre autoridades diversas, sino por posibles actores que no se habían contemplado, como el asesinato del colega Francisco Romero, pero lo verdaderamente importante es no perder la perspectiva y permitir primero la actuación de las corporaciones, para evaluar al final del periodo señalado, pues será entonces y solo entonces cuando la ciudadanía tendrá elementos de juicio suficientes.

Ahora bien, en este momento confluyen actores y circunstancias que señalan la intencionalidad política de la medida, pero sería justo también reconocer que el planteamiento de instituir el mando único no es reciente; se planteó desde la llegada misma de Capella Ibarra a la entidad y la primera vez que se dijo que pudiera ser por decreto en municipios como Solidaridad fue desde diciembre de 2018. Si se hubiera instituido después de junio, no faltaría quien señalara que se pensó así para no incidir en el resultado electoral, como ahora se dice que se realizó para beneficiar políticamente a tal o cual candidato, pero al final llegamos al punto de origen: ya está en marcha y  en diciembre de 2019 se sabrá si da los resultados esperados, obviamente de manera parcial, pero tangible.

Por cierto, en el anuncio del mando único participaron el gobernador del estado, Carlos Joaquín González y la representación de nueve de once presidentes municipales; entre ellos Laura Fernández Piña, como alcaldesa, pero además presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conam), no estuvieron Othoniel Segovia Martínez y Laura Beristain Navarrete; de Othón P. Blanco, la capital estatal, y Solidaridad, en donde se instituyó por decreto; veamos a partir de ahora el desempeño de los cuerpos de seguridad en el ayuntamiento capitalino y los resultados en el doble fuego en la Riviera Maya –el del gobierno y la criminalidad contra el gobierno estatal-; por lo menos se podrá diferenciar por regiones, aunque al final la seguridad de todos es el objetivo.

COMENTARIO MORBOSO

En estos tiempos en que se hace raja política de todo –y económica, of course-, aun los esfuerzos legítimos de ciudadanos corren el riesgo de perderse o ser aprovechados por algún vival que pretenda adjudicarse una labor en la que no sólo no ha participado, sino que además lo único que se busca es el beneficio personal.

Por partes, la Red de Bienestar Animal del estado de Quintana Roo, encabezada por Mónica Chavarría Soriano, e integrada por unas catorce asociaciones, todas en la búsqueda de la protección de diversas especies, han impulsado en la entidad la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal y ofrecido a la actual legislatura ser coadyuvantes en el proceso de construcción de la norma. El tema no ha sido suficientemente abordado, pero se ha mantenido vigente en la agenda pública estatal, por lo que llamó la atención de la señalada RED que asociaciones como el Colegio de Médicos Veterinarios de Quintana Roo pretenda ahora tomar como suyo el proyecto, pero además desplazando a quienes desde 2012 trabajan en el tema.

Según algunos enterados, la intención de fondo es lograr una “piscacha” del presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Medio Ambiente estatal por el orden de catorce millones de pesos anuales para realizar campañas diversas de protección animal, sin que se lleve a cabo adecuadamente la labor, sino más bien como un pretexto para alcanzar la anhelada bolsa presupuestal, pero ¿y el bienestar de los animales, las campañas de esterilización, los hospitales veterinarios públicos, las sanciones a los maltratadores de mascotas y la capacitación al personal de la Fiscalía General del Estado para que verdaderamente proceda cuando haya hechos de violencia a los animales? Eso puede esperar, primero el acceso a las arcas, ¿o no? Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.

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Julián Santiesteban

Periodista. Nacido en Parral, Chihuahua. Quintanarroense por decisión,bohemio de afición y franco aun con el riesgo que implica.
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