La austeridad del gobierno federal, que más que mesura  parece franciscana miseria, tiene inquietos a Carlos Joaquín González y a Yohanet Torres, la secretaria de finanzas; más todavía, tiene nerviosa a la muy dilatada población que se beneficia de los programas sociales del gobierno estatal como los créditos campesinos a la palabra o el de los 300 Pueblos.

Razón no les falta para tal inquietud, pues en el primer semestre del año la Secretaria de Hacienda reportó un subejercicio de casi 175 mil millones de pesos, es decir que no erogó o gastó esos millones y ello hasta pudiera parecer positivo, pero no lo es pues el disque ahorro se hizo castigando las participaciones federales a, por lo menos, veinticuatro estados de la República.

En México, el dinero público, el que viene de impuestos como el IVA e ingresos como la derrama del petróleo, se reparte a los estados vía participaciones y, de entrada, sirve para que gobiernos estatales y municipales hagan frente a demandas públicas como salud, educación y seguridad. Son algo así como los fondos para cubrir el gasto fijo de una casa, válgase el ejemplo. Pues es este dinero el que no ha llegado a cabalidad al Estado.

Hoy la Federación debe 670 millones de participaciones a Quintana Roo. En junio debió entregar poco más de 6 mil 678 millones y tan sólo entregó 6 mil 132 millones. El dinero, sin duda, llegará al Estado, pero el retraso ya frenó la operación de proyectos sociales en marcha, ya que debe decirse que las necesidades de la comunidad no sólo son atendidas por el gobierno federal.

En pasados sexenios, cuando el gobierno federal quería apretar a tal o cual gobernador, retrasaba la entrega de participaciones federales, aunque no creo que tal sea lo que ocurra ahora. Entre tanto, menudo esfuerzo el que afrontan el gobernador y la secretaria de Finanzas para conservar la balanza económica del Estado, sin recurrir a nuevos endeudamientos.

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