pgr-duarteA medida que pasan los días y la fuga del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se confirma como uno de los episodios más bochornosos para el gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades mexicanas intentan ahora asfixiarlo económicamente interviniendo sus cuentas y bienes.

El objetivo es que desde la clandestinidad no tenga acceso a los miles de millones de pesos que desvió de forma irregular durante su mandato.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que congeló 112 cuentas bancarias y confiscó cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con la red de amigos, familiares, exservidores públicos y personas imputadas en los hechos delictivos por los que se persigue al mandatario.

“Las medidas, forman parte de una estrategia integral en diversos frentes y países, que tienen como finalidad limitar o anular el uso, aprovechamiento y movimiento de los recursos ilícitos por parte del mandatario y sus cómplices en su intento de burlar la aplicación de la justicia”, señaló la Procuraduría que dirige Raúl Cervantes.

La PGR informó en un comunicado que, hasta el momento, hay 75 investigaciones en contra el mandatario, algunas por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia Ilícita, enriquecimiento Ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

De estas denuncias, 32 están dirigidas por la Hacienda pública (SAT) y tienen que ver con la red de «empresas fantasma» organizada por algunos de sus colaboradores y que recibieron millones de pesos por servicios o productos que nunca existieron. Otras 43 están relacionadas con el uso Indebido de atribuciones al desviar recursos.

Paralelamente la PGR tiene sobre la mesa nueve órdenes de detención, entre ellas la de Javier Duarte-desaparecido desde el 12 de octubre- y otras siete personas más de su círculo de confianza y familiares que habrían participado en la trama para desviar recursos públicos.

Entre las propiedades incautadas hay dos viviendas en las exclusivas zonas de Lomas de Chapultepec y Polanco, en la Ciudad de México, el rancho “Las Mesas” de 92 hectáreas, en Valle de Bravo y un terreno más en Campeche. Dos inmobiliarias forman parte de las cinco empresas intervenidas.

La caza y captura de Duarte se extiende no obstante dentro y fuera de México. La PGR ha solicitado la colaboración de los gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica para obtener información sobre los inmuebles, cuentas bancarias y empresas localizadas en el extranjero y relacionadas con los delitos que se investigan.

Las autoridades mexicanas ofrece recompensa de 15 millones de pesos, unos 700.000 dólares, para dar con el paradero de Javier Duarte. Por la localización del jefe de Los Zetas ofrecía el doble, 30 millones de pesos.

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