Eros Ortega Ramos

La austeridad que no llega a la SCJN

La clase pudiente que no está dispuesta a perder sus privilegios

Desde que Andrés Manuel López Obrador se encontraba en campaña política para competir por la Presidencia de este país, sostuvo en repetidas ocasiones que, en caso de estar al frente del Ejecutivo Federal, gobernaría bajo la premisa de una “austeridad republicana” que reduciría drásticamente los estratosféricos sueldos de gran parte de la clase política mexicana. Como era de esperarse, aquellas declaraciones suscitaron la preocupación de la clase pudiente que durante varios sexenios ha gozado de privilegios escandalosos.

Y así, de manera inaudita, la inconformidad obligó a que un sector de esta clase privilegiada se organizara en contra de la medida que, desde su perspectiva, atenta inclusive contra la misma Constitución Política. Por supuesto que estoy hablando de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mediante un documento que fue entregado por la propia Corte a la organización “Somos más”, argumentaron que la disminución de su salario es anticonstitucional, debido a que sus ingresos son regidos por el principio de irreductibilidad que establece el artículo 94 de la Constitución Mexicana. De acuerdo a información contenida en el documento firmado por el Secretario General de Acuerdo de la Corte, Rafael Coello Cetina: “Tanto la SCJN como cualquier órgano constituido del Estado Mexicano se encuentran constitucionalmente: imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones” (AnimalPolítico, 10/ll/17).

Pero no únicamente han sido las intenciones de disminuir los exorbitantes salarios de los magistrados de la SCJN las que han despertado la inconformidad y posterior condena pública por parte de estos, sino también el contenido de un incómodo artículo constitucional que para desgracia de ellos, pone en jaque la jugada política llevada a cabo con base en el artículo 94. Hablamos aquí del artículo 127, que en su inciso ll establece lo siguiente: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”. O sea que, de acuerdo a la información anteriormente referida, ningún funcionario público puede cotizar un ingreso económico superior al Presidente.

La realidad es que a los ministros no les agradó en lo absoluto los estatutos que fijaba el incómodo artículo 127, por lo que en el año de 2009 fue modificado con el establecimiento de “artículos transitorios”, es decir, mientras se aplicaba la ley. Así, uno de estos estableció que para el ejercicio fiscal de 2010, el ministro que tuviera un ingreso más elevado que el Presidente debía ganar menos que él. Esto quiere decir que, todo aquel que cotizara un ingreso de alrededor de 600 mil pesos mensuales antes de la fecha establecida, no podía ser obligado a disminuírselo, porque ya había sido aprobado por el organismo legislativo correspondiente.

Es hasta este punto que, como ciudadanos austeros y trabajadores que somos, debemos de practicar esa “empatía inversa”, como un servidor le llama, al ejercicio de solidaridad y entendimiento de la situación privilegiada en la que se encuentran los ministros de la Suprema Corte, o en otras palabras: tenemos que entender que no debe de resultar nada fácil para ellos bajarse tan envidiables sueldos debido al estilo de vida ostentoso que mantienen gracias a dichos ingresos, que no está de más decirlo; se obtienen gracias a nuestros dadivosos impuestos. Porque imagínese, estimado lector, que usted cotizara más de 500 mil pesos mensuales y que de repente viniera un gobierno “austero” con todas las intenciones de disminuírselo a menos de 150 mil pesos mensuales. ¿Qué va a hacer con todas las deudas que le generarían semejante reducción, los viajes al extranjero, los Rolex de miles de pesos, los habanos, los vinos refinados, los automóviles de lujo, los manjares, etc.?

¿Verdad que no es una decisión tan sencilla? Porque no olvide que cuando López Obrador todavía era candidato a la Presidencia fue duramente criticado por el salario mensual que cotizaba siendo el máximo dirigente de MORENA, una cantidad que rondaba los 80 o 90 mil pesos mensuales, y eso que ni así llegaba a la mitad de lo que estas personas actualmente ganan. Por otra parte, creo yo que tampoco hay que ser tan exagerados respecto a la cantidad, ya que estaríamos cayendo en la satanización de los ministros cuando en realidad no ganan 600 mil pesos mensuales, sino menos: 578 mil 186 pesos, incluyendo todas las prestaciones de ley y el aguinaldo, por supuesto.  

Ante todo esto, la espera a una respuesta por parte del organismo creció cada día más, por lo que el ministro José Ramón Cosío, negó rotundamente aceptar cualquier disminución tanto a su salario como al de sus compañeros ministros, con el argumento de que están protegidos por una iniciativa del Congreso de la Unión. En sus propias palabras: “No, el sueldo de los ministros se fija por la Cámara de Diputados. Tenemos una condición que, en la Constitución, artículo 94, dice que nuestros sueldos no pueden ser disminuidos durante el tiempo de nuestro encargo” (Excélsior, 09/VIII/18).

Mientras tanto, será tarea de los legisladores ponerse de acuerdo para darle una solución al enredo de estos dos artículos constitucionales contradictorios, porque literalmente se está llevando a cabo un enfrentamiento por parte de los inconformes hacia el Presidente de la República en donde ninguno de los dos cederá tan fácilmente, menos si se trata de defender intereses meramente personales, y aquí me refiero únicamente a los magistrados.

Porque si nos dejamos guiar por los hechos, no se puede poner en duda que estos ministros jamás en la vida se habían pronunciado en contra de alguna otra iniciativa por parte del Jefe del Ejecutivo, ya que nunca se les había cuestionado el hecho de que ganaran más que él. Por eso, ahora que saben que están en riesgo sus ostentosidades, sí se expresan en contra y hasta se movilizan con amparos para que en caso de que la austeridad siga incomodando con recortes, no se les pueda tocar ni un peso de lo que ganan. De esta manera, el capricho de los pudientes le estaría ganando la batalla a la austeridad que, antes de que AMLO llegara al poder, ya era practicada por miles de mexicanos que aunque lo merecen, no ganan ni la cuarta parte del salario de estos señores.

 

Gracias por su lectura.

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Eros Ortega Ramos

Licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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