Tamiz Ampliado de Yucatán es la empresa que entre 2017 y 2018 procesó las pruebas de tamiz metabólicos de los recién nacidos en hospitales de la Secretaría de Salud (SSa).

Esta empresa, con domicilio en la ciudad de Mérida, obtuvo en este lapso cinco contratos, tres por licitación pública en 2017 y dos por asignación directa el año pasado, por un monto total de 328 millones 231 mil 163 pesos.

De acuerdo con la información disponible en el portal de Transparencia Presupuestaria, el área contratante del servicio de procesamiento de pruebas de tamiz neonatal fue el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.

Los dos contratos de 2018, uno por poco más de 122 millones y otro por 15 millones de pesos, estuvieron vigentes del 3 de abril al 31 de diciembre.

ANTECEDENTES

Ignacio Luis Silva Trujillo y su hijo Luis Ignacio Silva Herrera constituyeron el 19 de junio de 2008 a Tamiz Ampliado de Yucatán, con la finalidad de ofrecer servicios de análisis clínicos, la prueba del tamiz a instituciones públicas y privadas, así como brindar asesoría médica genética y arrendar equipo médico.

Los empresarios yucatecos, quienes son cercanos a políticos del PAN en Mérida, iniciaron su compañía con un capital de 50 mil pesos y ambos tenían la mitad de las acciones.

Silva Herrera es accionista de Grupo Barikelo, una compañía creada para la operación, compra y venta de restaurantes, así como la comercialización de alimentos, condimentos y materias primas. Sus socios son los hermanos Rubén de Jesús y Roberto Emmanuel Arjona Ortiz, ligados al panismo de Yucatán.

INVESTIGACIÓN

El Órgano Interno de Control de la SSa inició una investigación por presuntas irregularidades detectadas en las licitaciones anuales para la prueba de tamiz neonatal.

Según informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, una firma ganó el fallo para dos de las cuatro regiones (2 y 3) en que se divide el país y que se lanzaron en 2016.

Al año siguiente a esa misma empresa se le otorgó la totalidad de las cuatro regiones. En 2018 se llevaría la licitación para las cuatro regiones, pero en la modalidad de adjudicación directa, a través de un contrato de 211 millones de pesos. La adjudicación directa se daría pese a que existían al menos 20 proveedores potenciales para otorgar el servicio.

El subsecretario se negó a revelar el nombre de la empresa , pues insistió en que darlo sería muy “temprano, ilegal e irresponsable” y se podría violar la imparcialidad de la investigación, no obstante señaló que el gobierno tiene el compromiso en eliminar la corrupción, “esto es suficiente para investigar debajo de las piedras a quien resulte responsable”.

La dependencia informó que también se investigan otras irregularidades por ejemplo el cambio en el esquema de provisión de servicios que se hizo justamente en 2016 y a partir del cual la SSa pudo contratar compañías privadas.

Dijo que si bien no fue un acto “inadecuado”, técnicamente la nueva administración no ha encontrado un expediente “documentado y justificado” de la preferencia a contratación de privadas, porque el Estado contaba con una red nacional de laboratorios con capacidad para soportar la totalidad de las pruebas.

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