A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.

Benito Juárez García

“No es sencillo llevar a tu hijo a la escuela y luego irte a combatir el crimen, existen muchos riesgos”, dijo el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, a un legislador que cuestionaba el que, a esta entidad, se hayan traído mandos medios y superiores del centro del país a combatir a las organizaciones criminales. Más pronto que tarde, con los hechos de Culiacán, ha quedado en evidencia que el titular de la institución estatal tiene razón; sólo que con la salida de las familias de elementos castrenses de la unidad habitacional en Sinaloa se advierte un problema mayúsculo: ¿dónde resguardar desde ahora a las familias?

Allá en Culiacán, más de la mitad de las 140 familias que habitaban el complejo de la colonia 21 de marzo fueron llevadas a la sede de la Novena Zona Militar, el resto ya partieron con familiares o conocidos; tan sólo en esa ciudad, existen tres unidades habitacionales más, y en todo el país cientos de miles de viviendas han sido construidas expresamente para las familias de soldados. En Quintana Roo, a finales de 2018 se destinaron más de 600 millones de pesos para la edificación de la llamada Ciudad Militar, por cierto hoy vacía.

Con la liberación de Ovidio Guzmán y el amague del crimen organizado de atacar a las familias de los militares, se ha presentado el mayor de los retos para el gobierno federal y los estatales: ¿estarán ahora condenados sus familiares a habitar en los cuarteles? No es ninguna exageración aseverar que, desde ahora, con el precedente sentado, los grupos criminales han encontrado la manera más efectiva de presionar para que se les deje de combatir, durante años la rotación de mandos y tropa tuvo como objetivo evitar actos de corrupción, pero también el resguardo de las familias; pareciera que con el tiempo esa medida se relajó y de pronto tendrá que instrumentarse con mayor celeridad, pero ¿será suficiente?

El escribiente, como muchos otros periodistas –a los que se nos ha endilgado el mote de “comentócratas”- ha señalado el grave error de ceder ante la presión del crimen organizado la semana anterior, pues se dijo que la acción respondió a la necesidad de proteger civiles e inocentes, por ello los cuestionamientos toman más fuerza ¿será entonces necesario dejar de concentrar a los familiares de soldados en complejos habitacionales y mandarlos de incógnito a lugares diferentes del país? ¿En caso de que sigan habitándolas, habrá elementos suficientes para resguardar esas unidades y, a la vez, mandar a soldados a combatir el crimen? ¿Cuánto tendrá que invertirse para la movilidad de las familias y para incrementar el equipamiento el número de soldados, pues ha resultado evidente la superioridad numérica y combativa de los criminales? ¿De verdad no se ve, o quiere ver, el error cometido?

Y todo lo anterior, sólo hablando de las familias de militares; pero falta considerar la irracional violencia que se desata en contra de civiles, bastará entonces que, ante la detención de cualquier criminal de mediana importancia, sus cómplices se avienten a las calles a asesinar a todo infortunado que se les atraviese ¿cuánto podrá aguantar un gobierno al que le han colocado el pie en el cuello?

¿Qué estrategia desarrollará ahora el Gabinete de Seguridad, que según los promocionales, se reúnen todos los días? De acuerdo, no más crítica al error cometido, sólo que los resultados aún no llegan. No, no llegaron con el PRI ni con el PAN, para quien asegure que nada se dijo en sus administraciones, pero Andrés Manuel López Obrador aseguró que sabía cómo sí hacerlo. Pues bien, presidente, lo estamos esperando.

COMENTARIO MORBOSO

A propósito de justicia y combate al crimen, este lunes habrá dos determinaciones importantes por parte de jueces mexicanos, la primera de ellas tiene que ver con la solicitud de defensa de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, para que pueda llevar en casa el proceso que se le sigue por la llamada “Estafa Maestra”, en la cual se desviaron varios miles de millones de pesos de las arcas públicas –tan sólo por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) pasaron 800 millones de pesos que fueron desaparecidos.-

La otra, es la audiencia de desahogo del juez segundo de Circuito con sede en Toluca, sobre la petición de la defensa del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, programada para las diez de la mañana, en la que el juzgador determinará si el ex mandatario puede purgar el resto de su condena también en su domicilio, considerando que, tanto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han declarado que cumple con todos los requisitos legales para ello. ¿Justicia y gracia o la ley a secas? Para Rosario Robles debe ser preocupante, para Mario Villanueva, parece la antesala de lograr su objetivo, con el respaldo del gobierno federal y hasta del Congreso quintanarroense, cuyas legislaturas XV y XVI, después de analizar su expediente, han determinado que se trata de un reo político, atentos pues; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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