Nicolás Durán de la Sierra

Dictamen Reforma Constitucional Electoral

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:

 Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los artículos 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el siguiente documento legislativo conforme a los siguientes apartados.

ANTECEDENTES

En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de fecha 27 de octubre de 2015, se dio lectura a los siguientes documentos legislativos:

  1. reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del Estado.
  1. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral de Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral, presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, Representante Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
  1. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XIV Legislatura del Estado.

Una leídas, con fundamento en lo que establecen los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó las iniciativas en cuanto hace a la parte conducente de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se realizara el estudio, análisis y posterior dictamen.

En ese sentido, abordaremos únicamente el estudio, análisis y dictamen de las reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de las iniciativas presentadas, por ser ése nuestro ámbito de conocimiento, por lo que nos permitimos emitir el siguiente documento con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Dichas reformas, contienen dos importantes temas:

En primer término podemos encontrar a la Reforma Política, la cual comprende: el gobierno de coalición; ratificación de los nombramientos hechos por el Presidente de la República de los titulares de las Secretarias de Relaciones y del ramo de Hacienda; naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; nombramiento del Fiscal General de la República, naturaleza jurídica y atribuciones del Ministerio Público de la Federación; atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno; aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por parte del Senado de la República, la ratificación de la estrategia nacional de seguridad pública; la elección consecutiva tanto en el poder legislativo como de ayuntamientos y el cambio de fecha para adelantar la toma de posesión del Titular del Ejecutivo Federal.

En segundo término podemos encontrar la Reforma Electoral la cual comprende: el fortalecimiento del Organismo Nacional  a cargo de la función electoral y de sus atribuciones, mediante su transformación en Instituto Nacional Electoral; aumento del umbral para mantener el registro como partido político, y atribuciones del Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia electoral, el sistema de partidos, la fiscalización, nuevas causales de nulidad de las elecciones, la comunicación política y los instrumentos de participación ciudadana.

Derivado de dichas reformas, como Entidad resulta necesario adecuar a nuestro marco normativo, tanto constitucional como en nuestras leyes secundarias en la materia, todas aquellas figuras que competan a los Estados, de conformidad con los establecido en los diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con las reformas propuestas se establecerá la base constitucional, para abrir el camino a las reformas legales en materia electoral que resultan necesarias para los próximos procesos electorales.

En ese sentido, con base en lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone a las Entidades las siguientes obligaciones en la materia:

Establecer, de acuerdo al texto constitucional que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular.

Otro de los aspectos que se deberá introducir en el texto constitucional es el relativo a la conformación de la Legislatura del Estado, en el que se establece la restricción a los partidos políticos de contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

Se deberá regular la elección consecutiva de los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, por un período adicional, siempre y cuando el período de su mandato no sea superior a tres años. Dicha postulación, menciona el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Por otro lado, se debe establecer la elección consecutiva de los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hasta por cuatro períodos consecutivos, siempre y cuando la postulación sea realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

La modificación de la fecha de celebración de la jornada electoral, tanto para gobernador, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos, se debe establecer para el primer domingo de junio del año que corresponda; en ese sentido, resulta necesario modificar en el ámbito local la fecha de celebración de la jornada electoral, así como celebrar, al menos una elección local en la misma fecha de celebración de las elecciones federales.

En lo que se refiere al tema de las autoridades electorales, las reformas a la Constitución Federal modificaron de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de organización electoral, otorgando facultades exclusivas al Instituto Nacional Electoral y prevaleciendo la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), quienes dentro de sus atribuciones, tendrán bajo su responsabilidad la realización de los escrutinios y cómputos, la declaración de validez y otorgamiento de constancias a los candidatos ganadores, la realización de los procedimientos de consultas populares en el ámbito local, la administración del acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, la realización de las tareas de educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales y, finalmente, de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos.

Así también, se deberá establecer que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, rijan los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. El principio de máxima publicidad tiene injerencia en la función electoral estatal, pues a través de éste se transparenta la actuación pública de las autoridades, reflejada en el acceso a toda información que se encuentre en su posesión, reconociendo el derecho de acceso a la información pública, como una herramienta indispensable para facilitar la consolidación institucional del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno, así como de su relación con los ciudadanos.

Siguiendo con la organización de las autoridades en materia electoral, la Constitución Federal dispone en la fracción IV del artículo 116 que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. En ese sentido, se establece la conformación de las autoridades Jurisdiccionales Locales, por un número impar de magistrados, y su elección a cargo del Senado de la República, por las dos terceras partes de sus miembros, previa convocatoria que para tal efecto se emita, en los términos de la ley secundaria.

En el tema del régimen de partidos, la reforma establece como requisito para la permanencia del registro de los partidos políticos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Además, se debe establecer que los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley secundaria.

En apego a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución se deberá garantizar en el texto de nuestra Constitución Local una mayor participación de las mujeres en los cargos de elección popular, estableciendo reglas paridad entre géneros para la postulación de candidaturas a Legisladores Federales y Locales.

Asimismo, se debe instituir que las autoridades electorales locales de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral para que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

Otro gran cambio dentro de estas reformas a nuestra Constitución Local, será la de establecer que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo local, le será cancelado el registro, sin embargo, se establece la excepción en cuando hace que esto no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales.

En el tema de fiscalización, la Constitución ordena fijar en nuestra Ley Suprema Local los criterios para establecer límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes, por lo que surge un nuevo procedimiento de fiscalización de gastos de campaña, el cual se llevará a cabo de manera simultánea a las campañas electorales, dejando a cargo del Instituto Nacional Electoral la realización de la fiscalización y vigilancia durante la campaña, del origen y destino de todos los recursos de los partidos y candidatos.

Por cuanto al período de desempeño de los Consejeros Electorales, en concordancia con la norma constitucional federal, será de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se deberá fijar las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. La duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

Otro aspecto a considerar, es el relativo a las candidaturas independientes, de las cuales se deberá regular el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, y se deberá garantizar su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en la Constitución Federal y demás leyes aplicables.

Asimismo, el texto constitucional deberá prever que se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales.

Finalmente, como consecuencia de la nueva estructura y asignación de competencias a las autoridades federales, por cuanto a la designación de los Consejeros Electorales Locales y los Magistrados Electorales Locales, resulta necesario eliminar de las facultades de la Legislatura, la designación de dichos funcionarios electorales.

Bajo esas premisas, derivado del estudio y análisis llevado a cabo en el seno de esta Comisión dictaminadora, nos permitimos abordar los temas coincidentes y en los que se ha llegado a un consenso con la participación de los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios que conforman esta Legislatura, a efecto de establecerlas en la minuta que se emita.

Se coincide en la propuesta al artículo 5 consistente en que el Estado de Quintana Roo, dentro de sus características adopte la forma de gobierno democrático y laico.

Con respecto al numeral 49, se observaron varias coincidencias, las cuales a continuación se enlistan para su mejor comprensión:

  • Que la jornada electoral tenga verificativo, el primer domingo del mes de junio del año que corresponda.
  • Que se incluya el principio de Máxima Publicidad como principio rector de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación por parte de los órganos profesionales de los procesos electorales.
  • Que la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley, sean una función estatal que se realice a través del Instituto Nacional Electoral y del organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo.
  • Que sean actividades propias del Instituto Electoral de Quintana Roo las relativas a:

Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

Escrutinios y cómputos de las elecciones locales;

Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;

Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo;

Resultados preliminares;

 Encuestas o sondeos de opinión;

Observación electoral y conteos rápidos conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución Federal;

 Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana, en su caso, así como ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal, cuando sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de aquellas facultades que no estén reservadas a dicho órgano.

  • Que los Consejeros Electorales, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, duren en su encargo un periodo de desempeño de siete años.
  • Que los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo no puedan ser reelectos.
  • Igualmente se coincide en que los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, puedan ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
  • Que existe convergencia en cuanto a que las relaciones laborales de los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo se rijan por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional Nacional Electoral. 
  • En cuanto al Tribunal Electoral de Quintana Roo se coincide que éste se conforme por tres Magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, así como que sean renovados dichos cargos cada siete años. Lo anterior de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
  • Asimismo, las propuestas convergen en el sentido de que el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo cuenten con cada uno con una Contraloría Interna. Que sus titulares sean elegidos por las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura o de la Diputación Permanente en los recesos de ésta, de entre las propuestas que formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los requisitos y en los términos que disponga la ley, sujetándolos  al régimen de responsabilidades públicas previsto para los servidores públicos en la Constitución del Estado.
  • Existe concurrencia de los proponentes en fijar en la constitución local que para efecto de que los partidos políticos conserven su registro como tales, deberán cumplir con la condicionante de haber obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales. Disposición que se coincide en que no sea aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales.
  • Convergen los autores de las propuestas en estudio en que debe privilegiarse el establecimiento de la obligación de los partidos políticos para postular candidatos de ambos géneros, deban cuidar que ninguno de estos sea mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas al Congreso del Estado y en las planillas de los Ayuntamientos.
  • Se coincide por parte de los autores de las iniciativas a dictaminarse, en establecer que la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de Gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan Diputados a la Legislatura y miembros de los Ayuntamientos. Las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas.
  • Se combinan adecuadamente las propuestas establecidas en los artículos 57 y 139, en el sentido de que los diputados miembros de la Legislatura y los miembros de los Ayuntamientos puedan ser reelectos por un periodo adicional. Asimismo, que la postulación en ambos casos, sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
  • De la misma manera, se coincide en establecer la restricción de que ningún partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.
  • En relación al numeral 54, destaca la coincidencia de establecer que los partidos políticos tendrán derecho a participar en la asignación de Diputados electos según el principio de representación proporcional, todo aquel que haya alcanzado por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en el territorio del Estado.
  • Con relación al tema de financiamiento ordinario para el sostenimiento de sus actividades permanentes de los partidos políticos, se coincidió en establecer que para efectos de homologar nuestra constitución con lo que dispone el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que éste tipo de financiamiento se fijará cada año por el Instituto Electoral de Quintana Roo al elaborar su presupuesto, con base en que el monto total se determinará multiplicando el sesenta y cinco por ciento de un salario mínimo general vigente en el Estado, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte al mes de julio del año anterior. Asimismo se incluye que en cuanto al financiamiento extraordinario para las actividades tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio de las campañas electorales y durante el año en que se elijan Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que les corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando solo se elijan Diputados o miembros del Ayuntamiento equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
  • Respecto del artículo 75, se coincide en la necesidad de establecer la supresión de la facultad de la Legislatura para elegir Consejeros Electorales y Magistrados Electorales.
  • Igualmente, en cuanto a la propuesta relativa al artículo 76, derivado de la coincidencia de los proponentes de las iniciativas en análisis, se converge en la supresión de la facultad de la Diputación Permanente para elegir Consejeros Electorales y Magistrados Electorales.

Derivado de los puntos de convergencia anteriormente mencionados, se considerarán para efectos de este dictamen como modificaciones en lo particular.

En ese sentido, consideramos que al realizar la armonización constitucional nuestro Estado estará acorde con las reformas constitucionales en materia político-electoral aprobadas por el H. Congreso de la Unión y con ello podamos continuar con la implementación de la reforma político electoral en nuestra entidad mediante la expedición de la demás normativa secundaria de forma vanguardista, moderna y que garantice procesos electorales más transparentes, con igualdad de oportunidades y empoderamiento de los ciudadanos.

Ante lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Pleno Legislativo la siguiente:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.

 ÚNICO. Se reforman los artículos 5; 49 párrafo segundo, las fracciones I y II, la fracción III primer, cuarto, quinto y sexto párrafos, los numerales 1 primer párrafo e inciso a), 2, 3 y 6 párrafo cuarto; 54 fracciones II y III; 57; 75 fracción XII; 76 fracción XII; 135 párrafo primero y 139; se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto a la fracción V del artículo 49; y se deroga el artículo 53, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue:

 ARTÍCULO 5º. El Estado de Quintana Roo adopta la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.

ARTÍCULO 49. …

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda.

  1. El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean preparados, organizados, desarrollados, vigilados y calificados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. La Ley establecerá las sanciones por violaciones al sufragio.
  1. La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral y del organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, cuya integración será designada por el Instituto Nacional Electoral en los términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este organismo será autoridad en la materia, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Constitución y la Ley, las actividades relativas a derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos de las elecciones locales, declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución Federal, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana, en su caso, así como ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Federal, cuando sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de aquellas facultades que no estén reservadas a dicho órgano. El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá suscribir convenios con autoridades municipales, estatales y federales, que tengan el propósito de coadyuvar con éste en la función estatal encomendada.

De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá coadyuvar en la organización de las elecciones para elegir a los integrantes de las Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones Municipales, en los términos que señale la ley de los Municipios, así también, el Instituto deberá regular y vigilar los debates públicos que se celebren durante los procesos electorales y que no sean organizados por éste, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo General será su órgano máximo de dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar por que las actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; se integrará con siete Consejeros Electorales con voz y voto, uno de los cuales fungirá como Presidente, y concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada partido político y un Secretario General. La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones de mando entre éstos, con base en las disposiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los Consejeros Electorales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional Nacional Electoral, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral.

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas, en los términos que señale la Ley.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y tendrá el carácter de permanente; tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y sus sesiones serán públicas. Las resoluciones del Tribunal serán emitidas con plenitud de jurisdicción en una sola instancia y sus fallos serán definitivos. Estará integrado por tres Magistrados, unos de los cuales fungirá como Presidente, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, y serán renovados cada siete años, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo contarán con una Contraloría Interna con autonomía técnica y de gestión,  responsable de la fiscalización, vigilancia, y control del uso, manejo y destino de los recursos, así como del desempeño de los órganos, funcionarios y servidores electorales. Son órganos adscritos administrativamente al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo respectivamente. Los contralores internos tanto del Instituto como del Tribunal Electoral de quintana Roo, durarán en su encargo seis años y serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente en los recesos de ésta, de entre las propuestas que formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los requisitos y en los términos que disponga la Ley, y estarán sujetos al régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.

El Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, será electo por las terceras partes del Consejo General, a propuesta de su Consejero Presidente y durará en su encargo el tiempo que determine la Ley.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos que deben reunir los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales. La ley establecerá los requisitos que deban reunir para la designación del Contralor Interno y el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo y el Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.

Los funcionarios señalados en el párrafo que antecede, no podrán, durante su ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y sólo podrán recibir percepciones derivadas de actividades profesionales, regalías, derechos de autor o publicaciones siempre que no se afecte la independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante los intervalos entre los procesos electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales. La retribución de los Contralores Internos será la misma que se señale para los Consejeros y Magistrados Electorales, según corresponda. En todo caso, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, presentarán sus respectivos presupuestos de egresos ante la instancia correspondiente para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que corresponda.

El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por ley.

III. Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en  la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación en los procesos electorales, estará garantizada y determinada por ley. Sólo podrán ser constituidos por ciudadanos, sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La ley reconocerá y regulará otras formas de organización política. Los partidos políticos para poder conservar su registro deberán haber obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales.

… 

Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres en la vida política del Estado, a través de postulaciones a cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos principios. Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos independientes a cargos de elección popular únicamente por el principio de mayoría relativa.

En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos sea mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas a legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros que conformen las planillas de Ayuntamientos.

La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto, tendrán derecho al uso de los medios de comunicación propiedad del Estado permanentemente y, accederán a los tiempos de radio y televisión, de acuerdo a las normas establecidas por el apartado B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, así como las reglas para el acceso de los candidatos independientes a dichas prerrogativas, a efecto de que se encuentren en aptitud de participar en la elección en la cual hayan sido registrados como tales.

 … 

 

  1. El financiamiento público ordinario para el sostenimiento de sus actividades permanentes, se fijará cada año por el Instituto Electoral de Quintana Roo al elaborar su presupuesto. El monto total se determinará multiplicando el sesenta y cinco por ciento de un salario mínimo general vigente en el Estado, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte al mes de julio del año anterior. La cantidad que resulte se otorgará conforme a las siguientes disposiciones:

 

  1. a) El treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y

 

  1. b) …

 

  1. El financiamiento público extraordinario para las actividades tendientes a la obtención del voto se otorgará al inicio de las campañas electorales y durante el año en que se elijan Gobernador y Diputados equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que les corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando solo se elijan Diputados o Ayuntamientos equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

 

  1. El financiamiento público ordinario y extraordinario, se otorgará entre los partidos que hubiesen obtenido al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en la elección de Diputados inmediata anterior, salvo lo dispuesto en la base siguiente.

 

  1. a 5. …

 

… 

 

 

Los partidos políticos y los candidatos independientes observarán las disposiciones que se establezcan para las precampañas y campañas electorales; en todo caso la duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de Gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan Diputados a la Legislatura o miembros de los Ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas.

 

… 

 

 

 

Formarán parte del sistema de nulidades de las elecciones locales por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; se reciba o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, material, sistemática y generalizada. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

 

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

 

  1. a VIII. …

 

ARTÍCULO 53. DEROGADO.

 

ARTÍCULO 54. … 

 

 

  1. Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados electos según el principio de representación proporcional, todo aquel partido que haya alcanzado por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en el territorio del Estado, y

 

III. Ningún partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

 

La Ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los procedimientos que se observarán en la asignación de Diputados electos según el principio de representación proporcional. En todo caso, en la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes, y en respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las mismas no pueden ser modificadas por ninguna autoridad durante el procedimiento de asignación, derivado de que dicho orden de prelación se construye bajo parámetros partidistas previos y objetivos, que resulta fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria.

Artículo 57. Los Diputados a la Legislatura, podrán ser reelectos por un período adicional. Los suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios en una fórmula diversa, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Los Diputados Propietarios que hayan sido reelectos para un período adicional, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.

 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

 

Artículo 75. … 

 

  1. a XI. …

 

XII. Designar mediante el procedimiento previsto en esta Constitución y en las leyes respectivas, a los Contralores Internos del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley;

 

XIII. a L. … 

 

Artículo 76. … 

 

… 

  

  1. a XI. …

 

XII. Designar mediante el procedimiento previsto en esta Constitución y en las leyes respectivas, a los Contralores Internos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley;

 

XIII. a XIV. …

 

Artículo 135. Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos quintanarroenses en ejercicio de sus derechos, en jornada electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda, mediante el sistema electoral mixto de mayoría relativa y de representación proporcional conforme a las bases siguientes:

 

  1. a IV. …

 

Artículo 139. Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio, podrán ser reelectos por un período adicional como propietarios o suplentes.

 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Por única ocasión, los integrantes de los Ayuntamientos serán electos por un período de dos años, el cual iniciará el 30 de septiembre de 2016 y para los efectos establecidos en el artículo 139 de esta Constitución, la renuncia o pérdida de militancia no podrá ser menor a un período de dieciocho meses. 

 

TERCERO. Las elecciones locales que se verifiquen en el año 2018, se llevarán a cabo el primer domingo de julio.  

 

CUARTO. La reforma en materia de reelección no será aplicable a los diputados de la Legislatura que se encuentra en funciones, así como a los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos que hayan protestado el cargo a la entrada en vigor del presente Decreto.

 

Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este Honorable Pleno Deliberativo, la aprobación de los siguientes puntos de:

 

 

 

DICTAMEN

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del Estado.

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, Representante Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

TERCERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XIV Legislatura del Estado.

 

CUARTO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones propuestas en el cuerpo del presente dictamen.

 

QUINTO. Remítase la Minuta Proyecto de Decreto a los Honorables Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para efectos de lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

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Nicolás Durán de la Sierra

Originario de la Ciudad de México (1960) estudió periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con cursos externos de filosofía e Historia de la Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, España.
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