El traslado a México del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, es una sólida señal de que el papel de las Fuerzas Armadas seguirá siendo protagónico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

También certifica el modelo que exime a las fuerzas castrenses de la obligación de rendir cuentas a las autoridades civiles por su desempeño en tareas de seguridad pública.

Esa es la lectura que tiene Falko Ernst, responsable para México de International Crisis Group (ICG), sobre la decisión adoptada al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos para permitir que el general Cienfuegos Zepeda sea devuelto a México sin haber enfrentado a la justicia estadounidense.

“En su esencia, envía una señal bastante fatal en los términos del papel ya demasiado poderoso y profundo de las Fuerzas Armadas en la democracia mexicana”, dijo Ernst a pregunta expresa durante un foro virtual convocado por la organización con sede en Bruselas bajo el título de Violencia a prueba de virus: crimen y Covid-19 en México y el Triángulo Norte de Centroamérica.

Para el investigador, hay un pacto negociado entre Andrés Manuel López Obrador y el Ejército para que éstos ocupen un papel protagónico dentro de su proyecto de nación.

Señala que el haber ido hasta una Corte de Nueva York para resolver la suerte del general Cienfuegos Zepeda fue ante todo para proteger la integridad de las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Para garantizar que no se toque a las Fuerzas Armadas, para que sigan con el derecho de facto de autogobernarse sin intervención exterior”, subraya.

Igualmente muestra que el gobierno no tiene la intención de dar marcha atrás al proceso de militarización, a pesar de que el país requiere soluciones integrales basadas en una perspectiva de salud y desarrollo social, no en el empleo de mano dura.

“Demuestra que tan profunda es la militarización y la dependencia de la política civil en las Fuerzas Armadas”, indica.

Durante el foro, en el que participaron expertos como Tiziano Breda, analista para América Central de ICG, y Gema Santamaría, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Loyola, Chicago, Estados Unidos, además se habló de la futura cooperación con el próximo presidente estadounidense, Joe Biden.

“Bajo el nuevo gobierno de Biden tampoco podemos esperar un cambio rápido, radical, fundamental a corto plazo”, expuso Ernst.

Los expertos coincidieron en que para un cambio de paradigma en seguridad, se requiere alterar el discurso en Washington y de voluntad en México para dar un giro al modelo militarizado.

Al abordar el tema de los impactos de la pandemia, los analistas destacaron que los cárteles de la droga y los grupos especializados en el saqueo de combustible lograron normalizar sus actividades delictivas desde mayo, luego de verse destoconados en marzo y abril pasados.

En cuanto a los homicidios, no sufrieron alteración alguna en México. La lógica de guerra entre los grupos incluso se recrudeció, pues la distracción que provocó la pandemia en las fuerzas del Estado fue un incentivo para intentar debilitar a los bandos rivales.

La herencia de la crisis sanitaria supone un riesgo mayor para la seguridad en México, debido a que sus secuelas económicas pueden ser semillero para el reclutamiento y la diversificación de cartera criminal.

Aunque también supone una oportunidad, si se utiliza la recuperación económica para apalancar la reconstrucción del tejido social y la creación de nuevas oportunidades para los jóvenes.

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