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Así se orquestó la campaña negra contra AMLO

El Consejo Mexicano de Negocios pagó 96 millones 900 mil pesos a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y Javier García Mata para que realizaran el documental “Populismo en América Latina”

El Consejo Mexicano de Negocios pagó 96 millones 900 mil pesos a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y Javier García Mata para que realizaran el documental “Populismo en América Latina”, como parte de una campaña negra contra el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral de 2018.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, de julio a septiembre de 2017, el CMN envió 18 millones 500 mil pesos a la casa productora Piña Digital S. de RL de CV. S.A., propiedad de García Mata, y otros 34 millones a Martha Matilde Mejía Montes, para que a su vez depositara 418 mil dólares en la cuenta de Jesús Quintero, de diciembre del 2017 a enero del 2018.

Los pagos se realizaron a través de la empresa CONAXIS S.A. de C.V. cuando Alejandro Ramírez aún era presidente del CMN, sin mencionar que el documental sería transmitido en las salas de Cinépolis, propiedad de Ramírez Magaña.

¿Quiénes participaron?

El 1 de mayo, durante las campañas electorales, López Obrador denunció que un mes antes el candidato del PAN, Ricardo Anaya, había pedido la ayuda del Consejo Mexicano de Negocios  para que convencieran a Enrique Peña Nieto de que declinara por el queretano, pues era el único que podía darle batalla al morenista.

En aquel mitin en Zongolica, el tabasqueño reveló que en el encuentro habían estado Alejandro RamírezGermán Larrea, Eduardo Tricio, Claudio X. González, Alberto Bailléres, Diego Fernández de Cevallos y el expresidente Vicente Fox.

En el documento presentado por el director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, acusa que también participaron Federico Berrueto y Ariel Berrueto, operadores del PRI, a través del Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A de C.V, quienes pagaron 47 millones 900 mil pesos a Grupo TV Promo S.A de C.V, propiedad de Alejandro Quintero.

Asimismo, denunciaron que la campaña negra también fue financiada con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre el 2012 y 2015, justo en el periodo en el que Rosario Robles fue titular de ambas dependencias.

Amor y paz, pero van denuncias

En plena campaña presidencial del 2018 se estrenó la serie documental “Populismo en América Latina” en la plataforma de streaming Prime Video de Amazon, la cual incluyó un capítulo dedicado al entonces candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT) llamado “Andrés Manuel López Obrador: el redentor furioso”.

Ahora, ya como presidente, López Obrador anuncia que su gobierno presentará la denuncia contra la red de empresarios cercanos a Enrique Peña Nieto por orquestar una campaña sucia en su contra durante las elecciones de 2018.

Sin embargo, AMLO sostuvo que no es venganza la denuncia contra los operadores del exmandatario federal:

“Ya no, amor y paz, esto la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza es ponerlo de ejemplo porque ilustra hacía adelante, no es el propósito para nada vengarnos.”

Explicó que Alejandro Quintero Iñíguez, Alejandro Federico Berrueto Pruneda y Ariel Berrueto Pruneda, quienes produjeron el documental, no serán juzgados por la nueva legislación en la que se establece el fraude electoral como delito grave.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia de la República, el primer mandatario pidió que la Unidad de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presente la denuncia contra los exasesores del Peña Nieto, antes de que se publiquen las modificaciones al artículo 19 constitucional, para que no les apliquen las nuevas sanciones que ameritarían detención inmediata y sin derecho a fianza.

El director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que conforme a la legislación actual, sólo ameritarían una penalidad de seis meses a tres años de prisión, además de que el proceso de investigación se llevaría en libertad y tendrían derecho a fianza, en caso de que se judicialice la denuncia.

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El Sol de México
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