Julián Puente

¿Viable reducir la edad penal para ir a prisión?

Ante la problemática de menores de edad en conflicto con la ley, especialistas del mundo discuten las consecuencias de una eventual reducción de la edad mínima para ir a prisión y el tiempo máximo de internamiento. Pero ojo, para aplicar una reducción en la edad para ir a prisión puede desencadenar varias situación no propiamente positivas; por ejemplo un muchacho de 14 o 15 años, acercándose apenas a la adolescencia, podrá hoy ser víctima de los procedimientos contrarios a los derechos humanos a que están sujetos quienes son considerados integrantes de la delincuencia organizada; no tardaremos en ver niños arraigados por semanas o meses, sus casas allanadas o bien señalados por misteriosos testigos protegidos. En una de esas, hasta pueden ser protagonistas de un reality show preparado por la policía para mostrar su eficacia. Pero por otro lado no existe un sistema que dé certidumbre jurídica al menor infractor, que avale la posibilidad de defensa y asegure un juicio y condenas justas ante la falta de capacidad de los encargados de la procuración e impartición de justicia en menores y la ineficacia y la ambigüedad de los métodos de readaptación social. El sistema de justicia penal en menores deja a la discrecionalidad de los consejeros la forma, duración y tipo del tratamiento a la que debe someterse el inculpado, sin parámetros definidos y homologados en todo el país. Los menores de edad que infringen la ley son víctimas de la sociedad, ya que se destruye su vida en lugar de forjarla, al tratarlos como adultos pequeños. Algunos abogados especialistas en temas penales consideran que es deber de los gobiernos atender y dar prioridad a este tema para diseñar una respuesta jurídica adecuada al problema de los menores delincuentes. También han sugerido que se debe castigar con prisión de seis meses a dos años, a los padres, tutores o guardadores que sean culpables del abandono de sus hijos o de menores de 21 años a su cargo. La edad promedio internacional para ingresar a un centro tutelar es de 13 años. En México es de 12, pero en la práctica el ingreso a los penales es a partir de los 14. Un sector de expertos convocados por la Organización de Naciones Unidas entre ellos funcionarios mexicanos, opinan que ampliar el tiempo en que los infractores jóvenes estén privados de su libertad será insuficiente. Los expertos consideran que se puede trabajar en la prevención de adicciones y del delito mediante reformas de leyes y fortalecer el trabajo social, pues uno de los problemas en México es que los menores de edad no están sujetos a un trato penal. Hoy parece ser que los gobernantes no pueden o no quieren entender que los delitos no surgen de la nada, que son producto de un ambiente socioeconómico degradado y de una sociedad avasallada por valores del neoliberalismo, que ponen como modelos a seguir al que triunfa económicamente, sean cuales sean los caminos para lograrlo. Considero en lo personal que para resolver el alto índice de menores infractores hay que atender las causas del delito antes que endurecer normas, aumentar penas y disminuir la edad penal. Primero abatir la injusticia social y dar a los jóvenes y a los niños oportunidades de una vida sana, en un ambiente propicio para su formación, abrir escuelas, bibliotecas y centros deportivos para sacarlos de los ambientes donde la delincuencia se genera; los legisladores deberían ser los primeros en hacer lo mejor para educar a la juventud, dando un buen ejemplo en el cumplimiento de su trabajo y en su vida personal, aunque en la actualidad el menor se encuentra protegido por leyes y tratados internacionales, que van desde la Constitución Política hasta la Declaración de Ginebra y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estas leyes en la realidad se encuentran con obstáculos para llevarlas a cabo de forma integral y garantizar el pleno desarrollo del menor. Y es que a pesar de que se crea la Ley de Tratamiento para Menores Infractores, la cual logra un avance en aspectos jurídicos y de derechos humanos, al adoptar un modelo que propone que las leyes y los tratados internacionales sean premisas importantes en un procedimiento que tienda realmente a rehabilitar al menor, algunos investigadores consideran que, en la práctica, es todavía una ley tutelar, paternalista e incluso inconstitucional. Otro de los problemas graves es la falta de recursos con que cuentan los Centros de Adaptación para Menores, lo que se traduce en la ineficiencia del personal que labora en esos centros. Además los que pisan los Centros de Adaptación siguen siendo los menores que no cuentan con los recursos para pagar un defensor capacitado y el poco escrutinio público permite que se sigan cometiendo toda clase de abusos. En el Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México, elaborado por la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de Gobernación, se precisa las entidades que tienen periodos mayores de internamiento para jóvenes son Aguascalientes, San Luis Potosí, Yucatán, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca, con plazos de hasta 15 y 20 años. En el país casi 80 por ciento de adolescentes en cárceles tienen entre 16 y 18 años de edad.

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Julián Puente

Julián Eduardo Puente Sánchez; es periodista y columnista de quintana roo desde hace 15 años. Ha trabajado en distintos medios de comunicación. Actualmente se desempeña como titular de la 2da emisión de Sipse Noticias Radio, coordinador del Periódico la Voz de Quintana Roo en la zona sur y director de comunicación social de la delegación del ISSSTE en el estado así como de colaborar para diversas páginas informativas.
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