Veto a la Ley de Seguridad Interior

88
La masiva marcha de ayer en la Ciudad de México en contra de la Ley de Seguridad Interior pergeñada en Los Pinos, dio un férreo apoyo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busque la cancelación o modificación de esta misma ley, pues de entrada violenta los derechos básicos ciudadanos e implica de facto la injustificada militarización del país.
 
La demanda de la comisión de derechos humanos por evitar que la ley de seguridad entre en vigor, la que sin exagerar supondría un virtual estado de excepción en el país, no sólo tiene el aval de la gran mayoría de los grupos civilistas del país, sino también por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional, pues violenta diversos tratados firmados por México en la materia.
 
Los organismos internacionales, a los que se suma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigen al presidente Peña Nieto que vete la ley y no se trata de un cándido reclamo, pues él fue quien la promovió, sino le advierten que la mirada del mundo está sobre su gobierno. La dicha ley carece de justificación legal o táctica, y abona al clima de violencia que hay en el país, según le han señalado estas instancias.
 
La Ley de Seguridad Interior, con sus ambigüedades y omisiones, violenta las garantías constitucionales de los mexicanos y en la práctica permite que aquel que tenga una opinión distinta a la del gobierno en turno o se manifieste en su contra pueda ser acusado de ir contra la seguridad nacional y por ello ser reprimido o apresado al arbitrio del ejercito o de la policía federal, sin que medie orden de juez alguna.
 
La ley de Seguridad Interior debe ser abortada
Comentarios