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Profesora obliga a estudiantes a lamer el piso; a una la llama “fea y gorda”

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exigió a la Secretaría de Educación Pública Municipal reparar el daño a cinco estudiantes de la escuela primaria municipal “Club Soroptimista”, a quienes una profesora obligó a lamer el piso y a una de ellas la llamó “fea y gorda”.

De acuerdo con información difundida por el diario Zeta, los hechos ocurrieron el 25 de marzo del año pasado en el turno matutino del plantel, durante una actividad de la asignatura denominada Formación Cívica y Ética.

Los cinco alumnos de entre 10 y 11 años sufrieron violación a sus Derechos al Trato Digno y a la Educación, según la recomendación 3/2016 dirigida por la CEDH a la Secretaría de Educación de Tijuana.

Supuestamente como parte de una clase de reciprocidad, la profesora –cuya identidad no fue revelada– realizó una actividad con los alumnos de quinto grado, que consistió en anotar en una hoja de papel qué querían que hiciera el compañero que no les “caía bien”.

Cuando los alumnos entregaron sus anotaciones, la maestra les ordenó pasar al frente a realizar lo que habían escrito para el compañero o la compañera que habían elegido.

En el caso de dos menores de edad, la profesora les indicó que lamieran el piso, y a una tercera alumna la regañó por haber escrito lo que no le gustaría que le hicieran, por lo que requirió a los demás estudiantes le expresaran lo que les disgustaba de ella.

Además la maestra le dijo que “estaba fea, gorda y que no servía para la escuela, que mejor reprobara para que le diera su lugar a otro estudiante y que el día que se muriera quería estar presente”.

En sus testimonios, las víctimas explicaron que la situación “les causó pena y tristeza”, pero no comentaron nada a sus padres porque la profesora les advirtió que si hablaban de lo sucedido, les bajaría puntos en sus calificaciones, pues “lo que pasaba en el salón ahí se quedaba”.

Meses después, el 25 de junio de 2015, padres de familia comentaron estos hechos en una reunión con personal escolar. Una vez que la directora se enteró de las violaciones a los derechos humanos de los estudiantes, dijo a los padres que se trataba de “una actividad que los niños tenían que realizar.”

Más tarde llegó el inspector de zona, a quien también le informaron lo acontecido, y éste aseguró que realizaría una investigación y retiraría a la profesora.

Por lo anterior, la CEDH inició el expediente de queja CEDHBC/TIJ/414/15/3VG y solicitó los informes respectivos a la Secretaría de Educación Pública Municipal y a la Sindicatura Procuradora Municipal, ambas del ayuntamiento de Tijuana.

“Respecto a la violación al Derecho al Trato Digno, la CEDHBC resalta la importancia de que a todo estudiante dentro y fuera del salón de clase le debe ser protegido su derecho a la dignidad y a la educación”, destacó la Comisión en un comunicado de prensa.

Entre las evidencias reunidas por el equipo legal del organismo se encuentran los certificados psicológicos, que arrojaron que las víctimas presentan afectación emocional y psicológica derivada de los hechos, así como trastorno de estrés post-traumático.

La CEDH consideró preocupante la conducta de la profesora, adscrita a la Secretaría de Educación Pública Municipal, ya que “se apartó de la obligación que tiene todo servidor público de abstenerse de realizar conductas que vulneren los derechos humanos”.

En su recomendación, la Comisión determinó que la Secretaría de Educación Pública Municipal del ayuntamiento de Tijuana debe reparar los daños ocasionados a las cinco víctimas, incluyendo la atención psicológica que requieran hasta rehabilitar totalmente su estado emocional.

También deberá impartir un curso en materia de derechos humanos y cultura de paz a todos los alumnos de la Escuela Primaria Municipal “Club Soroptimista”, del turno matutino, a fin de que cuenten con los conocimientos sobre los derechos que tienen como niñas, niños y adolescentes.

De igual forma, los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública Municipal deberán realizar un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos, en especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En el caso específico de los docentes, deberán aprobar una evaluación para acreditar que cumplen con los conocimientos para brindar el servicio educativo.

Por último, la Secretaría de Educación Pública Municipal tendrá que adoptar las medidas necesarias para determinar si la servidora pública es acreedora a una sanción administrativa.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Tijuana ni la Secretaría de Educación Pública Municipal han emitido un posicionamiento al respecto para informar si cumplirán con la recomendación de la CEDH.

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