Guillermo Correa Bárcenas

Primer debate presidencial y montón contra el peje

El primer encuentro será el próximo domingo 22 de abril

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  • Víctimas de delitos 21.2 millones de mexicanos en promedio en los últimos seis años

Aunque muchos consideran que los debates presidenciales no son determinantes para definir una elección, lo cual nos quedó claro con el que sostuvieron Hillary Clinton y Donald Trump, en el que ella lo arrolló; sin embargo, perdió en los comicios. En México parece que sí serán definitorios para saber, si es que no hay fraude, quién presidirá el país durante el período 2018-2024.  

El primer encuentro será el próximo domingo 22 de abril y de entrada, anuncia que los contrincantes “echarán montón” al que en las encuestas permanece arriba.

No obstante, los tiempos del hartazgo ciudadano y los temas a tratar que son los de la corrupción, la seguridad, democracia y pluralismo favorecen a Andrés Manuel López Obrador, si se toma en cuenta que los principales partidos (PRI y PAN) ya han gozado del poder y demostrado que fueron los principales impulsores de los daños causados a la población y que para reponer lo hecho proponen lo mismo que ha provocado que el país se encuentra enfermo casi de gravedad.

Si empezamos por los conceptos Democracia y Pluralismo no se puede negar que se llega a esta elección del primero de julio con los antecedentes más escandalosos que hayan protagonizado las propias autoridades: Un Instituto Nacional  Electoral cuestionado, una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) en entredicho por la remoción de su titular Santiago Nieto Castillo, que se atrevió a investigar si hubo irregularidades en el proceso electoral de 2012, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acusado de beneficiar al partido oficial en las elecciones de Coahuila.

Todas ellas señaladas de no ejercer sus reglas en el juego sucio del priismo en los comicios del Estado de México, que el propio instituto priista pretende repetir en las votaciones federales que habrán de realizarse en poco más de dos meses. A esto hay que agregar los bochornosos casos que tienen que ver con los llamados candidatos independientes, principalmente Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón que aparecerán con su fotografía en las boletas cuando a todas luces cometieron fraude para cumplir con los requisitos establecidos.

Y si las autoridades llegan muy mal al primer debate presidencial cuya organización corresponde al INE, hay dos candidatos que, con cinismo, tratarán los otros temas, el de la corrupción y la seguridad que no son sus mejores banderas.

José Antonio Meade Kuribreña, el aspirante ciudadano seleccionado por el Partido Revolucionario Institucional como su mejor competidor seguramente se enfrentará al descrédito cuando tenga que hablar de los gobernadores corruptos y de la Estafa Maestra que comprende a muchas Secretarías de Estado de cuyas irregularidades debió haberse enterado cuando fue titular de Hacienda y Crédito Público. Lo peor de este asunto es que a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) se le señala en la desviación de recursos dirigidos a los más pobres dentro del programa La Cruzada Nacional contra el Hambre que ha sido objeto de estudio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Con estos y varios antecedentes más de la administración priista, llega Pepe Toño al primero de los tres debates presidenciales sin permitir comprender a la ciudadanía por qué quería debatir cada semana con el PEJE.

Por lo que respecta a Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, habrá de aparecer en las pantallas de televisión con propuestas contra la corrupción cuando ha sido pillado, dicen, en cuestiones de lavado de dinero ejemplificadas con la compra de una nave industrial en Querétaro mediante empresas fantasmas constituidas algunas de ellas por prestanombres.

En cuanto al tema de la seguridad en México, de qué podrán presumir los candidatos del PRI y el PAN si han sido las administraciones recientes de estos partidos las que han colocado al país en los momentos más violentos de su historia aún sin estar en guerra. De acuerdo con La Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE, 2016) citado por Guillermo Vázquez del Mercado, consultor en Seguridad Ciudadana, “la inseguridad sigue siendo el problema que más preocupa al 60 por ciento de los mexicanos. Además, seguimos contando homicidios. Ya son tantos que las más de 200 mil personas asesinadas parecen un tema  normal.

También son ya cotidianas las víctimas de delitos 21.2 millones de mexicanos en promedio en los últimos seis años y el sentimiento de inseguridad que invade al 70 por ciento de los ciudadanos. Casos como los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado por toda la ciudad de Reynosa o la familia que fue atacada en la carretera a Puebla solo alimentan esta preocupación y nos hacen esperar que no seamos los siguientes. El 50 por ciento de la gente sigue desconfiando de la policía, el ministerio público y los jueces, al tiempo que el porcentaje de los no denunciados permanece por arriba del 90 por ciento. No obstante, se reformó la Constitución para cambiar el Sistema de Justicia Penal (2008), se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009) y se promulgó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (2012)”.

Ahora tenemos la Ley de Seguridad Interior, promulga el pasado 21 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto, quien en esa ocasión manifestó que no entraría en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme su constitucionalidad, pues sucede que el ordenamiento ha tenido un repudio casi general. Con seguridad entre las propuestas de los candidatos presidenciales del PRI y el PAN no está la consideración de sumarse al rechazo.

Pronto lo veremos.

tigrebilly@hotmail.com

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