Eros Ortega Ramos

La vulnerabilidad de México ante un terremoto

“¿Cuál ha sido la actuación del gobierno ante este tipo de desastres naturales?”

Por Eros Ortega Ramos

De acuerdo al último informe de las autoridades, el terremoto de magnitud 7.1 que se registró el pasado martes 19 de septiembre a las 13:14 horas en el municipio de Axochiapan, Morelos, hasta el momento ha dejado un saldo de 324 fallecidos en más de cuatro estados: “73 en Morelos, 186 en la Ciudad de México, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, informaron las autoridades, hasta las 16:00 horas de este sábado 23 de septiembre” (AnimalPolítico, 25/IX/17).

Por otra parte, según datos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), hasta el día de ayer se habían contabilizado 79 cuerpos, todos ellos provenientes de diferentes inmuebles colapsados a consecuencia del terremoto: “El Tribunal Superior de Justicia informó que al corte de las 20:30 del sábado ingresaron seis cuerpos más de personas que fallecieron en diferentes derrumbes en la Ciudad de México. Asimismo, indicó que la suma total de entregados a familiares es de 78, luego de su plena identificación” (ElEconomista, 24/IX/17). Aunado a esto, el mismo instituto identificó a algunas personas de nacionalidad extranjera: una mujer de Panamá, un hombre de España, tres hombres de Corea del Sur, un hombre de Argentina y cuatro hombres de Taiwán.

Ante los lamentables hechos acontecidos a lo largo de los días posteriores al terremoto vivido en varias partes del país, surgen diversas interrogantes relacionadas con la actuación del Gobierno respecto a catástrofes naturales de este tipo. Y es que como más adelante se va a mencionar de manera breve, es preocupante cómo la sociedad civil se las ha tenido que arreglar en momentos como estos. Digo preocupante, porque nos encontramos ante una inacción y negligencia del Estado que, en escenarios tan desoladores como los que se están percibiendo en la propia capital, se queda corto con intervenciones medianas de distinta índole.

Dos de los casos más lamentables de negligencia tienen que ver con la prevención; el primero de ellos involucra al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. A diferencia del sismo registrado el 8 de septiembre, en esta ocasión dicho sistema no se activó segundos antes de que el movimiento telúrico iniciara, sino que se activó (de manera parcial) justo en el momento del terremoto. Esto trajo como consecuencia que decenas de personas, en su intento por desalojar los inmuebles en los cuales se encontraban, quedaran sepultadas bajo los escombros debido a que el tiempo con el que contaban para evacuar resultara insuficiente.     

Como era de esperarse en estos casos, la justificación no tardó en llegar, ya que de acuerdo al director general del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), Carlos Valdés, la alerta sísmica únicamente está diseñada para detectar movimientos telúricos que se presenten en la Costa del Pacífico, por lo que resultó imposible su activación en la zona donde se registró el temblor: “El sismo tuvo epicentro en Axochiapan, Morelos, a 125 kilómetros de la Ciudad de México y algo lejano de las estaciones de monitoreo del sur de Puebla, por lo que no hubo suficiente tiempo para que se activara la alerta sísmica” (Milenio, 20/IX/17). Para nuestra desgracia como país, tal funcionamiento de la mencionada alarma le costó la vida a cientos de personas (incluyendo a infantes). Esto nos lleva a reconsiderar si realmente hemos trabajado lo suficiente como nación, entendida como un entramado formado por la sociedad civil y el propio Gobierno, en una cultura de la prevención que no únicamente desarrolle protocolos de seguimiento ante catástrofes de este tipo, sino que también invierta en tecnologías que anticipen siniestros, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas.

El segundo caso involucra a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). Tras el terremoto, diecinueve niños del Colegio Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, murieron sepultados bajo los escombros de la construcción. En cuanto se ventiló el caso a la opinión pública, las interrogantes comenzaron a surgir respecto a las posibles irregularidades en las que se había incurrido para el funcionamiento de la institución. Poco tiempo después la situación se agravó, ya que mediante una solicitud de información al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), se dio a conocer que el colegio contaba con malos manejos en su historial de operación, ya que además de que la infraestructura no era adecuada para albergar a estudiantes, debido a que su suelo era de uso habitacional, se cometió el delito de falsificación de documentos.

La realidad es que otra vez, de manera irónica, ha sido la propia sociedad civil la encargada de salvar a la misma sociedad civil que se ha visto afectada por un terremoto de esta naturaleza, tan es así, que el propio Enrique Peña Nieto califica de “desafío” esta catástrofe: “Este sismo, es una dura prueba, y muy dolorosa […] Sigamos unidos, enfrentando juntos este nuevo desafío” (AnimalPolítico, 25/IX/17). Un servidor prefiere llamarle “desgracia”, que en gran parte, es culpa de un Estado corrupto. Ya está de más compararnos con países como Haití en cuanto a los daños sufridos por este sismo, porque sin la más mínima intención de menospreciar a alguna nación, estamos hablando de uno de los países más pobres de América, que desafortunadamente vivió una tragedia de magnitudes similares que dejó más 150,000 fallecidos.

¿Pero por qué me atreví a mencionar una comparación con Haití? La razón radica en que me provoca una molestia muy grande el escuchar a personas que pretendan minimizar esta desgracia nacional con analogías en demasía absurdas. En otras palabras, me parece lamentable que ante los constantes ejemplos de negligencia que han sido expuestos durante estos últimos días en los diferentes medios de comunicación, haya personas que sin decoro alguno, busquen justificar las pérdidas humanas y la vulnerabilidad con la que México se ha dejado ver hacia el mundo debido en gran parte a las irregularidades y malos manejos de diferentes instituciones y empresas.

La repartición de justicia en este caso debe de realizarse conforme a la ley, no únicamente teniendo como finalidad la captura y pronta aprehensión de los responsables, sino el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la rendición de cuentas. Porque en momentos tan trágicos como los que se encuentra librando el país, el Gobierno Mexicano tiene la obligación de explicar por qué estos infantes y cientos de personas más hoy ya no se encuentran con nosotros, apoyando en todo momento a esa sociedad civil que desde tiempos inmemorables se ha levantado sola, ganándose el respeto del mundo.

 

 

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Eros Ortega Ramos

Licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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