Nacional

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior

El viernes 15 de diciembre del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la polémica Ley de Seguridad Interior, por lo que sólo es cuestión de tiempo para sea promulgada por el Ejecutivo Federal. Dicha Ley, que se espera entre en vigor sin contratiempos mayores, fue aprobada por 262 votos a favor, 25 votos en contra y 0 abstenciones. A diferencia de otras leyes, la presente fue avalada después de más de diez horas de discusión, con todo y las modificaciones que tuvo por parte del Senado de la República.     

Días antes, ante la sospecha de esta aprobación, distintas personales de la vida pública y política del país no tardaron en expresar su inconformidad ante la, en ese entonces iniciativa de Ley que, en opinión de diferentes especialistas en materia de seguridad, vulnera derechos humanos y civiles de la población. Expertos en seguridad como Catalina Pérez Correa y Ernesto López Portillo; activistas como María Elena Morera y Alfredo Lecona y actores de talla internacional como Diego Luna y Gael García Bernal, hicieron un llamado a la Cámara de Senadores para dar marcha atrás a la aprobación de la Ley que se pronostica, militarizaría al país aún más. Y utilizo esta expresión porque no hay que olvidar que desde el inicio del periodo presidencial de Felipe Calderón, hace más de diez años, el entonces mandatario no escatimó en sacar al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado, aunque a futuro, tal combate cobrara la vida de miles de civiles inocentes.  

En un video subido a la web se puede apreciar a algunas de estas personalidades haciendo un llamado a la sociedad y a los integrantes de la “Cámara Alta” para frenar a como dé lugar esta Ley:

“El jueves pasado los diputados del PRI y sus aliados aprobaron la Ley de Seguridad Interior, que básicamente convierte a las fuerzas Armadas en el ejército privado del presidente”, dice Diego Luna en el video (Regeneración, 05/XII/17).

“Esta Ley prevé espiar, usar la fuerza, detener sin rendir cuentas a nadie, es decir, utilizar de manera arbitraria a las fuerzas federales”, explica Ernesto López Portillo, experto en seguridad ciudadana (Regeneración, 05/XII/17).

Hasta este punto cabría preguntarnos: ¿Qué es lo que propone la tan criticada Ley para que distintos sectores sociales exijan su derogación inmediata? En pocas palabras: autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad pública ante determinadas situaciones que, por sospecha del Presidente, pongan en riesgo la seguridad nacional. Por lo tanto, voy a explicar algunos de sus puntos más importantes.

En uno de sus apartados se especifica que: “la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año; sin embargo podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior. Además, el apoyo a los estados estará sujeto a la colaboración de las entidades” (ElUniversal, 01/XII/17).

Ante este apartado, una de las principales preocupaciones que surgió tiene que ver con las probabilidades de que las protestas sociales, si es que llegan a ser consideradas como potenciales amenazas a la seguridad interior por parte del Presidente de la República, puedan ser reprimidas violentamente. Esto pese a que en el documento se menciona la prohibición de su aplicación en manifestaciones políticas y sociales “no violentas”. No olvidemos casos como la represión de San Salvador Atenco, en donde el exgobernador del Estado de México y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó la represión de vecinos del mencionado municipio y de Texcoco, así como de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona. Tal intervención de los elementos de seguridad dejó como saldo a decenas de heridos, dos jóvenes muertos y más de 20 mujeres abusadas sexualmente.

Por otro lado, la Ley considera que: “en los actos de perturbación grave de la paz pública que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, podría haber suspensión de derechos”, además de que “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información” (ElUniversal, 01/XII/17).

En primer lugar habría que preguntar: ¿Qué actos serán catalogados como de “perturbación grave de la paz pública” y bajo cuáles circunstancias? Asimismo, en segundo lugar habría que preguntar: ¿Qué “métodos lícitos” serán legales para la recolección de información que en determinado momento las Fuerzas Armadas realicen en tareas de inteligencia y qué métodos no? ¿Acaso el espionaje ahora sí será legal bajo tales circunstancias? Porque si en el año 2011, el Gobierno de la República adquirió un equipo cibernético conocido como “Pegasus” para espiar a periodistas, abogados litigantes y defensores de derechos humanos, no sé hasta qué grado tales prácticas, por ahora anticonstitucionales, serán completamente legales ante potenciales amenazas que el gobierno considere pertinente mitigar.   

El punto más importante aquí es que con la aplicación de la mencionada Ley se incrementa la probabilidad de que la violencia, en este caso amparada bajo estatutos jurídico-legales, se incremente en el país. Y todo indica que pese a las críticas por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el jefe del Ejecutivo Federal podrá solicitar el uso de la fuerza, así yerre en su suposición, ante amenazas que pongan en riesgo su integridad y la de los suyos. Tal y como decía el sociólogo alemán, Max Weber: “El Estado ejerce el monopolio de la violencia por definición, a través de un proceso de legitimación”. Esto quiere decir que la Ley de Seguridad Interior dotará de facultades a Peña Nieto y a su sucesor para que pueda, nos guste o no, apaciguar descontentos sociales con la violencia que desde hace años ha hecho sangrar a México.

Gracias por su lectura.     

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Eros Ortega Ramos

Licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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