Nacional

Federalismo y ruta a la Cuarta Transformación

En el fondo del debate de los 32 coordinadores estatales anunciados por Andrés Manuel López Obrador está la necesidad de replantear el modelo federalista que se vive en México.

Desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, ha venido ganando fuerza el argumento de que estamos ante un inminente retorno del presidencialismo mexicano, un fenómeno ampliamente estudiado, caracterizado por las facultades metaconstitucionales ejercidas por el presidente en turno. Distintas voces advierten que se están configurando las condiciones para el regreso de un partido hegemónico con una oposición controlada y sin fuerza para ser contrapeso real en las Cámaras y un jefe del Ejecutivo como decisor único de un movimiento que conglomera grupos y sectores contrapuestos.

Este argumento ha tomado mayor vigor desde el anuncio por parte del presidente electo de nombrar coordinadores estatales en las 32 entidades del país, en reemplazo a los delegados federales, con el objetivo de disminuir el gasto público en burocracia. Entre las funciones de estos 32 coordinadores están servir de enlace del presidente de la República con los gobernadores, vigilar la aplicación de programas sociales federales en los estados y revisar el uso de recursos públicos. A su vez, serán nombrados 264 delegados regionales que apoyarán a los coordinadores estatales con el levantamiento de censos y la actualización de padrones de beneficiaros de programas sociales.

Hay muchas preguntas en torno a la propuesta de los coordinadores estatales o superdelegados, como se les ha comenzado a denominar, si éstos harán más eficiente el uso de recursos públicos en los estados, si servirán para inhibir la corrupción en las estructuras de los gobiernos estatales, si las personas nombradas tendrán la capacidad operativa y técnica necesaria, o bien, si en realidad se trata de una estrategia política revestida de una reforma administrativa, que estaría preparando las condiciones para el triunfo de Morena en las elecciones venideras. Los perfiles que se han dado a conocer para ser los coordinadores estatales en las entidades son un elemento importante para vislumbrar parte del alcance que podrían tener estas figuras. En general se trata de personajes cercanos al presidente electo, con posiciones importantes dentro de Morena y algunos de ellos fueron candidatos a las gubernaturas de los estados en los que ahora estarán “vigilando” la aplicación de programas sociales.

López Obrador ha anunciado que arrancará su gobierno con dos programas, el de becas para jóvenes y el de apoyos para adultos mayores. Serán estas acciones con los cuales los superdelegados se estrenarán en los estados y, en gran medida, de su efectiva ejecución dependerá la opinión pública que se tenga de estas figuras en las localidades y regiones del país, al menos en el corto plazo.

Además de otras preguntas que pudieran plantearse en torno a los coordinadores estatales, en el fondo el gran tema tiene que ver con el modelo de federalismo que se ha venido practicando en las últimas décadas en México. Ante la percepción de corrupción e impunidad en los estados, en particular en aquellos donde los principales escándalos de corrupción han sido protagonizados por los gobernadores y sus cercanos, la idea de tener contrapesos efectivos al poder de éstos resulta tentadora. El problema con este razonamiento es que ignora la complejidad del fenómeno de la corrupción que no se ciñe al ámbito estatal, federal o municipal, ni tampoco se da por igual en todos los estados ni es un problema exclusivo de los gobernadores o de los alcaldes.

Si el objetivo de los coordinadores estatales es vigilar el uso de recursos públicos, el gobierno electo está obligado a atender el problema real, el cual pasa por revisar el modelo de federalismo que hoy tenemos en México, un modelo abigarrado al que se le ha intentado corregir a través de leyes generales y más recientemente por sistemas nacionales, como el de anticorrupción, que parecen no querer reconocer ninguna virtud a los ámbitos de gobierno estatal y municipal.

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Forbes
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