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Estas son las acusaciones que enfrentará Borge en México

Después de siete meses de estar recluido en una cárcel de Panamá, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, regresa a México para rendir cuentas ante la justicia por varios hechos de corrupción durante su administración.

El exmandatario fue detenido la noche del 4 de junio del año pasado en la ciudad centroamericana, mientras se daban a conocer los resultados de las elecciones para gobernador en tres estados del país, de los que el PRI —partido que lo arropó para llegar al poder en 2010 y del que fue expulsado en cuatro días después de su captura— ganó en dos, entre ellas el estado de México, donde un juez de control federal lo reclama.

En su contra, Borge tiene expedientes abiertos a nivel federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, a nivel estatal, por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, los cuales fueron cometidos durante sus años al frente de Quintana Roo, estado que alberga algunos de los destinos turísticos más importantes del país.

Se espera que alrededor de las 10:00 horas de este miércoles las autoridades panameñas hagan entrega de Borge a miembros de la Interpol adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), quienes lo trasladaran al hangar de la dependencia federal y una vez en territorio nacional, será sometido a exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos.

Posteriormente, el exmandatario será trasladado al Centro de Justicia Federal ubicado en el penal de Nezahualcóyotl, Estado de México, para presentarlo ante el juez quien le informará los delitos que se le imputan y dará un plazo de 72 horas —puede duplicarse el término si así lo solicita la defensa— para decidir si vincula o no a proceso al exgobernador.

A continuación, te presentamos las acusaciones a las que deberá hacer frente el exmandatario:

EL MILLONARIO QUEBRANTO AL ESTADO

Borge Angulo —quien llegó al poder con 31 años de edad y fue nombrado como parte de la nueva generación del PRI— será procesado y enjuiciado por tres delitos del fuero común integrados desde la Fiscalía General de Quintan Roo, que ahora gobierna el aliancista, Carlos Joaquín González.

De acuerdo con la dependencia, en la integración del expediente se contabilizó un quebranto al erario superior a los 3,000 millones de pesos, derivados de acciones como la venta de terrenos de propiedad estatal al 6% de su valor comercial.

Entre los posibles beneficiarios de esas acciones se señaló a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, supuesto prestanombre del expriista.

A estas acusaciones se suma también la utilización de aeronaves operadas por el gobierno estatal para trasladar a personas cercanas al exmandatario como familiares y al también exgobernador Félix González Canto. Asimismo, se comprobó que durante su gestión, se subarrendaron 22 empresas ligadas a políticos para prestar servicios de taxis aéreos por 1,000 millones de pesos, a través de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa).

LA INVESTIGACIÓN FEDERAL

La enajenación de inmuebles propiedad del estado a precios por debajo de su valor comercial fue llevada por el gobierno de Quintana Roo a la Procuraduría General de la República (PGR) que en febrero de 2017 logró el aseguramiento de 25 propiedades al considerar que se trataba de una operación con recursos de procedencia ilícita.

El valor comercial de dichos predios supera los 5,000 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la dependencia.

Días después del aseguramiento, el secretario de la Contraloría de Quintana Roo, Rafael del Pozo, señaló que la denuncia presentada fue por 850 hectáreas, pero que en realidad eran 9,500 hectáreas las enajenadas de manera irregular.

Por este delito, el exgobernador podría pasar en prisión de 5 a 15 años y se haría acreedor a una multa de entre 1,000 y 5,000 días, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Federal.

… Y TAMBIÉN EN LA FEPADE

Además de las anteriores acusaciones en su contra, el exmandatario tiene un expediente más en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el presunto desvío de 200 millones de pesos en 2016.

Se presume que los recursos se utilizaron para beneficiar a la campaña del entonces candidato del PRI a gobernador, Mauricio Góngora, quien perdió los comicios frente a Carlos Joaquín González.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las penas para servidores públicos que destinen o permitan la utilización de fondos y bienes públicos para el apoyo o perjuicio de candidatos a cargos públicos van de los dos a los nueve años de prisión.

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