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El caso “Duarte” sigue vigente

“A partir del lunes 22 de enero del año en curso, Javier Duarte podría ser puesto en libertad”

Han pasado seis meses desde que un Juez expidió una orden a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Ya que el plazo venció el 22 de enero del presente año, Duarte tiene la posibilidad de recuperar su libertad mediante la declaración de una sentencia absolutoria en el juicio, si su defensa logra presentar pruebas fehacientes de su inocencia ante la imputación de dichos delitos. Asimismo, la defensa del exgobernador, junto con la propia Procuraduría, no descarta la posibilidad de obtener un periodo extra en la investigación que se está llevando a cabo, esto con la finalidad de recabar el mayor número posible de evidencias que por motivos desconocidos, no se hayan presentado en tiempo y forma ante las instancias correspondientes.

Aunado a la complicada situación actual del exgobernador, el jueves 18 de enero, la misma PGR solicitó al juez que lleva el proceso penal contra Duarte la autorización para investigar nuevos datos bancarios del procesado que no hace mucho tiempo fueron dados a conocer, ya que de acuerdo a la reglamentación del nuevo sistema penal, cualquier proceso de investigación que se lleve a cabo dentro del mismo periodo se calificará como complementario, por lo que debe de ser autorizado por el propio juez antes de su efectuación: “Durante la audiencia de este jueves, los fiscales solicitaron al juez autorización para pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores más datos sobre las cuentas del exmandatario acusado del desvío de recursos públicos” (AnimalPolítico, 18/I/18). Por otra parte, los fiscales de la PGR también argumentaron durante la audiencia que el periodo de investigación complementaria terminaría el pasado lunes 22 de enero, y que la nueva fecha para la solicitud de audiencia hacia la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quedaba fuera del plazo establecido.

Empero, como era de suponerse, la defensa del acusado notificó por escrito al juez que debido a que no se les hizo saber de la audiencia con 48 horas de anticipación, tal y como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta no se presentó a la misma. Por su parte, el juez Gerardo Moreno autentificó el argumento de la defensa, señalando que debido a que no fueron notificados con dichas horas de anticipación, la audiencia tendría lugar hasta el próximo 31 de enero del año en curso a las 10 de la mañana.

Tal y como lo he expresado en artículos de opinión anteriores, es importante que no olvide, estimado lector, las múltiples acusaciones presentadas en contra de Duarte durante y después de su mandato como gobernador, ya que no son pocas ni menos graves. Además de haber sido acusado de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, Javier Duarte también ha sido acusado de malversación de fondos debido a que la entidad que gobernó tiene una de las deudas públicas más grandes del país.

De igual modo, respecto a la supuesta complicidad que sostuvo con el crimen organizado, no hay que olvidar que la cifra de homicidios en Veracruz se incrementó de manera alarmante, registrando casi 2 mil 500 homicidios dolosos durante el gobierno del exmandatario: “En lo que va del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz han ocurrido dos mil 457 homicidios dolosos, de los cuales sólo 296 casos corresponden a mujeres, según un concentrado estadístico que entregó la Fiscalía General del Estado (FGE) en atención a una solicitud de información, folio CI14/15” (Proceso, 03/II/16). En relación con estas cifras, Veracruz igualmente resultó una entidad mortífera para los periodistas, ya que a largo de los 6 años que gobernó el también abogado, 3 de ellos fueron reportados como desaparecidos y 17 como asesinados. La situación resultó tan grave que según la organización no gubernamental internacional, Reporteros Sin Fronteras, México fue el tercer país más letal del mundo para los comunicadores en el año de 2016, únicamente superado por Siria y Afganistán.

Respecto a la corrupción, que en ocasiones de manera errónea llega a ser percibida como un delito menor ante los ojos de la opinión pública, Ochoa no se queda atrás ya que se reveló que durante su mandato la empresa Logística Estrategia Asismex S.A de C.V. obtuvo recursos ilegales de una “empresa fantasma” a su nombre, mismos que posteriormente fueron repartidos entre simpatizantes del PRI. Según información del Instituto Nacional Electoral (INE), la mencionada empresa también está vinculada con representantes de casilla de siete partidos políticos diferentes: “La empresa fantasma que señaló el INE por una operación ilegal con la que se pagó 18.4 millones de pesos a representantes de casilla de 7 partidos políticos, por medio de tarjetas en 2012, tiene un vínculo con la red de desvíos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte” (AnimalPolítico, 11/I/18).  

Y para nuestra desgracia, todo apunta a que el rubro de la educación no se salvó de sus artimañas, ya que se presume que el nivel de endeudamiento que provocó en la Universidad Veracruzana (UV) alcanzó magnitudes inimaginables, con una deuda que sobrepasa los 2,200 millones de pesos: “De acuerdo con el corte financiero al 29 de junio de 2016, el gobierno de Veracruz mantiene retenidos 324.7 millones de pesos correspondientes al subsidio que autoridades federales remitieron a la Universidad Veracruzana, a través de la administración del estado” (AnimalPolítico, 6/VII/16).

Y para rematar, tan grande es su negro legado que según datos de la misma PGR, el exgobernador cuenta con más de 30 denuncias en su contra con una variedad de delitos que hacen preguntarse a uno: ¿Cómo es que los cometió bajo el amparo del título de gobernador? Se supone que en un país como el nuestro, el tan mencionado Estado de Derecho debe de cumplirse a cabalidad con todo ciudadano mexicano, no importando que sea político o exgobernador de alguna entidad. Por lo tanto, el legado delictivo de Javier Duarte no tendría por qué quedar impune, menos sabiendo que amparado bajo el eufemismo de “solicitar licencia”, huyó del país cuando los cuestionamientos respecto a su administración empezaron a poner en tela de juicio su credibilidad como político. Esperando que su procesamiento se retome a la brevedad, termino recordando una frase del filósofo francés Voltaire que describe lo que alguna vez pretendió hacer el priista que en una ocasión fue alabado por el propio Peña Nieto: “Aquellos que pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades”.

Gracias por su lectura.     

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Eros Ortega Ramos

Licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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