Nacional

Ayotzinapa y Javier Duarte; dos casos emblemáticos de la injusticia mexicana

43 estudiantes que siguen desaparecidos y un corrupto exgobernador sentenciado

“Ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones” (AristeguiNoticias, 25/XI/16) Estas son las palabras que escribe la periodista Anabel Hernández en su polémico libro “La verdadera noche de Iguala”, en donde asegura que fue el Ejército quien asesinó a los 43 normalistas debido a que para su desgracia, iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de más de un millón y medio de dólares. 

Para contextualizar, dos fueron los acontecimientos que en los últimos días dieron mucho de qué hablar por parte de la opinión pública respecto a las instituciones encargadas de brindar justicia en nuestro país; el aún inconcluso caso Ayotzinapa y la liberación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.  

El día 26 de septiembre del año en curso, se cumplieron cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”. Como usted debe de recordar, dicho acontecimiento se dio durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014, en donde la policía municipal y estatal del municipio de Iguala, ubicado en Acapulco Guerrero, persiguió y privó de su libertad a los estudiantes de la escuela anteriormente mencionada. De la misma manera, se suscitó un enfrentamiento entre los elementos de la policía y los estudiantes en donde también resultaron heridos tanto periodistas como civiles, con la diferencia de que éstos no fueron desaparecidos y posteriormente, tal y como la Procuraduría General de la Republica (PGR) informara tiempo después, asesinados e incinerados hasta su muerte.   

Así, empezaron a propagarse diferentes versiones de aquella noche, que si bien no culpabilizan de manera explícita a los propios estudiantes por su desaparición, sí pretenden justificar el negligente proceder de la PGR ante tales actos inhumanos que inclusive han llegado a catalogarse por diferentes analistas y politólogos como parte de un “terrorismo de estado”, en este caso, practicado hacia aquellos que osan desafiar a un aparato político que, como escribí al principio de este artículo de opinión, ha sido acusado de tener nexos con el narcotráfico.  

De esta forma, tres fueron las versiones divulgadas por el Gobierno Federal con el apoyo de diferentes medios de comunicación. A continuación, se dará una breve síntesis de las mismas:  

-La primera sostiene que esa noche 80 estudiantes que viajaban rumbo a la CDMX para participar en la conmemoración del 02 de octubre, llegaron a Iguala en donde –tomaron- cinco autobuses para llegar a su destino. En su camino, dos de ellos fueron interceptados por miembros del Cártel Guerreros Unidos, pero sólo en uno viajaban los 43 estudiantes que posteriormente fueron desaparecidos.

-La segunda sostiene que José Luis Abarca, el entonces alcalde de Iguala, ordenó al Ejército aprehender a los estudiantes que tenían planeado protestar a las afueras de un evento político en donde participaría su esposa. 43 de ellos, como se sabe, no únicamente fueron detenidos, sino también desaparecidos.    

-Y la tercera involucra al comandante del 27 Batallón y coronel de infantería, José Rodríguez Pérez, quien por órdenes de un poderoso capo de la droga (del cual no se sabe su nombre), mandó al Ejército a recuperar el cargamento de heroína y desaparecer a los 43 estudiantes para no dejar ningún cabo suelto que pudiera revelar lo que realmente había pasado en aquella madrugada.  

Por otra parte, el pasado jueves 27 de septiembre del año en curso, el odiado exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue condenado a 9 años de prisión tras confirmarse su culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación delictiva de acuerdo a fuentes judiciales oficiales. Duarte fue detenido desde el 15 de abril del año pasado en Guatemala, país al cual huyó después de haber solicitado licencia a tan sólo 50 días de terminar su mandato como gobernador de la entidad.

Antes de huir, Duarte explicó con unas bellas palabras en un emotivo mensaje hacia los veracruzanos los principales motivos por los cuales había decidido separarse del cargo: ‘‘Se hace necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia mi nombre y el de mi familia’’ (LaJornada, 13/X/16). Aunque en verdad resultó que como vil fugitivo, el también abogado escapó mientras podía para evitar ser procesado por una serie de ilícitos que sabía perfectamente, había cometido. Pero lo más sorprendente de todo este embrollo es que aunque la imagen de éste personaje esté manchada de corrupción y acusaciones, haya tercos panistas como el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, que se atrevan a decir que tal condena resulta indigna y dañina para Veracruz.   

Dicho todo lo anterior, nos encontramos ante dos gravísimos casos que ejemplifican la injusticia mexicana en todo su esplendor. Dos casos en los que el Estado es pieza clave de la negligencia de las instituciones ante la aplicación de la ley y el gastado -Estado de derecho- que de tanto que se ha usado se ha ido acabando poco a poquito. Sería una tarea larguísima y agotadora el exponer los principales casos en los cuales la justicia de este país les ha quedado a deber a aquellos inocentes que ven pisoteados sus derechos ante situaciones en las cuales la penalización se vuelve excesiva.

Bien dicen por ahí que en México, los únicos que tienen acceso a esa anhelada justicia son los ricos; que es el dinero el único que puede decidir quién es culpable y quién es inocente. Y parece ser, para rematar, que tampoco se equivocan aquellos valientes que aseguran que una de las últimas alternativas que todavía nos quedan para combatir este cáncer que está terminando con esa justicia es la de recurrir a instancias internacionales con la esperanza de ser escuchados, y en el mejor de los casos ser socorridos por organismos ajenos a nuestro podrido sistema “justiciero”. ¡Vaya ironías que nos da la vida! Con un exgobernador corrupto casi exonerado con una raquítica sentencia y 43 estudiantes que a más de 1000 días de su desaparición, aún no se tiene la mínima pista de su paradero.      

 

Gracias por su lectura.

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Eros Ortega Ramos

Licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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